Por Roberto Cabrera
El Perú ha sido escenario de grandes desastres, debieron también ser grandes lecciones. Los daños a las personas causados en el terremoto de 1970, donde la cifra de muertos y desaparecidos alcanzaron a 70 mil, generaron una gran movilización del Estado y la sociedad, que debió dejar expedita la capacidad para atender contingencias de gran extensión e intensidad. Los terremotos de Moquegua 2001 y Pisco 2007 mostraron las limitaciones para afrontar estos eventos generando serias observaciones. Japón fue impactado el 11 de marzo del 2011 por un mega-sismo cuya magnitud desbordó la expectativa, los expertos opinan que eventos afines podrían repetirse en lugares sin registro histórico de esas cifras. Todos los desastres acarrean grandes problemas para la comunidad por lo que ésta debe estar preparada para tales eventualidades.
Una sucesión de sismos en América Latina, iniciada en el Perú en 1970, evidenció que los mayores daños ocurrían en las poblaciones cuya vivienda asentaba sobre terrenos blandos, las que tenían precariedad constructiva, y aquellas situadas en el curso de deyección de grandes montañas. La vulnerabilidad derivada de la ocupación territorial inadecuada y la falta de seguridad de la vivienda pasaron a primer plano, por otro lado, quedó claro que algunas condiciones de peligro eran susceptibles de reducirse con planificación e inversión anteladas. En respuesta a estas consideraciones se crearon los sistemas de defensa civil para afrontar la prevención y la atención de los efectos destructivos.
Tras el terremoto registrado al norte de Chile, todo el Perú se alarmó. El movimiento telúrico provocó alertas de tsunami en todo el litoral. Sin embargo, lo que genera una mayor alarma a la población es que las autoridades aún no tienen definidas sus competencias para actuar en caso de desastres naturales.
Lamentablemente, la Ley General del Sistema Nacional de Defensa Civil no delimita cuáles son las competencias de las autoridades para responder ante un desastre natural, por ello existe una confusión de competencias en la medida que no se encuentra claramente definido hasta donde interviene un jefe distrital, provincial, regional o nacional de Defensa Civil, luego de un sismo.
Las principales dificultades de las autoridades para actuar ante un sismo son la superposición de funciones y la falta de claridad en la norma, es decir, en la Ley General del Sistema Nacional de Defensa Civil que fue modificada en el 2007. Eso genera una seguidilla de equivocaciones y errores.
Nuestra opinión desde ésta tribuna es que deben ser el presidente de la República y el jefe del Gabinete, las autoridades que monitoreen las acciones. A partir de ellos, todo el mundo debe obedecer, incluido el jefe del Sistema Nacional de Defensa Civil.
Ese orden de competencias no está claramente determinado en la ley porque lamentablemente la norma empieza a precisar las funciones recién a partir del jefe nacional de Defensa Civil. En ese sentido, es menester la elaboración de un nuevo reglamento de la ley, que determine con exactitud las competencias a nivel nacional, regional, provincial y distrital dentro del Sistema Nacional de Defensa Civil.
EL ROL DE LOS MUNICIPIOS
De los 1,842 municipios, entre provinciales y distritales, que existen en el Perú, el 82% está preparado para actuar rápido ante desastres naturales. Las municipalidades de zonas alejadas no están capacitadas, porque no tienen una dependencia de Defensa Civil y por las pocas facilidades de comunicación.
Además, debemos indicar que no existe una sanción para los municipios que no presenten planes de Defensa Civil en la medida en que la ley no establece un plazo específico. Por esta razón, sugerimos que en un nuevo reglamento se establezca un castigo para que las autoridades se sientan obligadas a elaborar dicho plan.
FALTA DE LOGÍSTICA
En este orden de ideas, el Estado peruano NO ESTÁ PREPARADO para atender un desastre natural de magnitudes. No hablemos de sus consecuencias posteriores –repetimos, en el caso de Ica, Chincha y Cañete es palpable la incapacidad estatal para reconstruir el daño– sino de las medidas indispensables para atender la emergencia inmediata del cataclismo. El país no cuenta con una flota de helicópteros para trasladar heridos o llevar asistencia instantánea al lugar de los hechos. Tampoco con un destacamento de aviones cargueros para transportar tanto medicinas y abrigo como grupos humanos entre la selva o la sierra y la costa. Menos existen naves de desembarco para bajar en las costas y movilizar todo lo que requiere una emergencia. Esta dejadez solamente denota una censurable y temeraria capacidad de improvisación de parte de nuestros gobernantes. No es posible que sigamos con la tesis del “después de robado, candado”. Urge hoy mismo equipar –y bien– al Estado para encarar los fenómenos naturales que, sin la menor duda, algún día van a producirse.