En los últimos cinco años se identificó presunta responsabilidad administrativa funcional en 26 mil 868 funcionarios y servidores públicos, los que fueron derivados al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), informó la Contraloría General de la República.
De estos, 3 mil 671 funcionarios y servidores fueron sancionados en primera instancia con la suspensión o inhabilitación temporal para trabajar en el Estado.
El 53% de ellos cumple su sentencia porque aceptó la sanción impuesta durante el proceso o porque la sanción fue ratificada en última instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).
Se trata de 1,930 funcionarios y servidores públicos que fueron suspendidos o inhabilitados para trabajar en el Estado (y representan el 0.14% de toda la administración pública del país). Los departamentos que concentran el mayor número de funcionarios y servidores con sanción firme son Lima (373), Arequipa (236), Cajamarca (149) y Tacna (101).
El 39% de los funcionarios sancionados en primera instancia se encuentra en proceso de apelación ante el TSRA (1,457 personas) y el 8% restante (284) consiguió que el TSRA revoque (desestime) la sanción impuesta.
El período en estudio comprende desde diciembre del 2012 hasta diciembre del 2017 y fue publicado en el boletín externo N° 3 Contraloría en Acción, publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe
La Contraloría General de la República tiene facultades para sancionar a los funcionarios y servidores públicos que han cometido faltas administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones.