Tras horas de debate, el Pleno del Congreso aprobó, por 80 votos a favor y ninguno en contra, la delegación de facultades por 60 días, solicitadas por el Poder Ejecutivo para impulsar la reconstrucción con cambios para las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero .
Sin embargo, durante el debate legisladores de oposición como Fuerza Popular, Partido Aprista, Nuevo Perú, Frente Amplio, advirtieron que en el pedido, el Gobierno había incluido normas que nada tenían que ver con la reconstrucción en sí.
En esa línea, el legislador Daniel Salaverry (Fuerza Popular) recomendó formular precisiones y “separar lo urgente de lo importante”. “Este gobierno no es una mea de partes”, afirmó.
“Ya sabemos que los conceptos genéricos, la ideas amplias no pueden ser permitidas. Tenemos malos recuerdos de una delegación que dimos y que aprovecharon unos vacíos para poner normas que no habíamos delegado”, puntualizó.
En ese contexto sugirió que se eliminen referencias como “y otras normas vinculadas” o las disposiciones que se refieren al “cierre de las brechas”, también sobre las modalidades de contratación y facultades en los procesos de saneamiento, donde advirtió una posible privatización del servicio de agua.
Asimismo, demandó que la Contraloría tenga un rol protagónico en la fiscalización del citado proceso.
Sobre este punto, el legislador Javier Velásquez (Apra) sugirió tomar el ejemplo de lo ocurrido en Chiclayo con la acción dispuesta por el hoy ministro de Transportes, Edmer Trujillo, que dispuso la intervención del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).
“El remedio salió peor que la enfermedad”, dijo, recordó que en 15 meses del actual gobierno dicho organismo “no ha hecho otra cosa que incrementar el precio del agua”, en las regiones del norte del país.