Legisladores de Avanza País elaboraron este proyecto con el argumento de que el voto obligatorio “no tiene efectos positivos en la tasa de asistencia de los sufragantes”.
Los congresistas de Avanza País, Alejandro Cavero y Adriana Tudela, presentaron – este martes 22 de marzo – un proyecto de ley que tiene por objetivo la declaratoria del voto voluntario a partir de las elecciones del 2026. Esta iniciativa tiene como su principal fundamento que el voto obligatorio no ha tenido efectos positivos que detengan el ausentismo ciudadano en los últimos procesos electorales.
La iniciativa llamada “Proyecto de ley de reforma constitucional que reconoce el voto libre y voluntario” plantea reformar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, de forma que el voto para las elecciones generales, regionales y municipales sea voluntario. Y sería aplicada a partir de las elecciones generales del 2026.
Para este objetivo, el Congreso derogaría lo dispuesto en los artículos 9, 17, 21, 26 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en lo referente a la obligatoriedad del voto en cualquier tipo de elección general, regional o municipal. Por ello, se dispondría a que se adecúe las demás normativa y reglamentos que se opongan a la reforma constitucional planteada.
Argumentan que voto obligatorio no ha mostrado beneficios
“La transición de nuestro actual sistema electoral hacia uno de carácter voluntario traería consigo considerables beneficios que superan a sus presuntos costos al eliminar la obligatoriedad del voto, la cual no tiene efectos positivos en la tasa de asistencia de los votantes y, por el contrario, perjudica a quienes tienen dificultades para votar, sea por el costo del traslado o porque forman parte de las poblaciones vulnerables”, se puede leer en la parte expositiva del proyecto.
Como disposición complementaria, el proyecto establece que el calendario de aplicación deberá ser elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Además, la no concurrencia de un ciudadano a emitir su voto no le generaría ningún tipo de sanción ni limitante al ejercicio de los derechos civiles reconocidos en la Constitución, por lo que se anularían las multas a partir del 2026.