En Juanjuí
Juzgado Mixto de Juanjuí, dispuso el otorgamiento de medidas de protección un día después de que Édgar Lumba asesinara a Romelia y terminará suicidándose.
Poder Judicial dictó medidas de protección para Romelia Fasabi un día después de que fuera asesinada por su pareja. Lo había denunciado un mes atrás.
Un día lo miró y le dijo que le tenía miedo. Él le preguntó por qué: “¿Qué te puedo hacer? ¿Matarte?”. Romelia Fasabi Amasifuén (43) no se rió. No era una broma. Los golpes y las amenazas llevaban más de siete meses y el acoso de Édgar Lumba Tuanama, su conviviente y padre de sus tres hijos, era constante.
Romelia se vio muerta y en el me
s de julio decidió denunciarlo. “No podía más”, le contó a una amiga tras declarar que su conviviente la tenía amenazada. También confesó que él no le permitía utilizar el celular ni hablar con los vecinos.
Lo que sigue es otra historia, desgarradora, con final anunciado.
Romelia había decidido separarse. El 22 de julio acudió al Centro de Emergencia Mujer (CEM) Juanjuí, región San Martín. Ahí contó que un día su pareja intentó quemarla viva, rociándole gasolina, y que en otra ocasión le amenazó de muerte, apuntándole con un arma de fuego.
Tres días después de aportar pruebas y contar el calvario que Édgar le hacía vivir, los representantes de dicho CEM solicitaron al Poder Judicial medidas de protección para la víctima.
Lamentablemente, la justicia, como muchas veces, no dio respuesta inmediata. Pese a las graves denuncias, el titular del Juzgado Mixto de Juanjuí, Carlos Coronel, dispuso el otorgamiento de medidas de protección recién el lunes 22 de agosto, un día después de que Édgar Lumba asesinara a Romelia y terminará suicidándose.
Piden investigación
“Nunca la protegieron y cuando le dieron garantía, ya fue demasiado tarde”, dijo el abogado Oscar Loayza Muro del CEM.
Por ello, la jefa de la Oficina Defensorial de San Martín, Janet Álvarez, solicitó al titular de la Corte Superior de Justicia evaluar una investigación por parte del Órgano Desconcentrado de Control de la Magistratura en esa región, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa o funcional que habría tenido el juez Carlos Coronel.
En el pedido, la representante de la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en los principios de debida diligencia y de intervención inmediata y oportuna que deben respetar las y los operadores de justicia.
Además, durante la visita de supervisión a dicho órgano judicial, se estableció que, hasta el momento, solo 76 de un total de 397 denuncias de violencia de género cuentan con medidas de protección.
De acuerdo al Ministerio de la Mujer, en el primer semestre del año se registraron 64 casos de feminicidio en el país, frente a los 136 casos del año pasado.
Por otro lado, la entidad reportó que, de enero a junio del 2022, los CEM atendieron 80.743 casos, de los cuales el 86,5 % corresponde a violencia contra la mujer, mientras que el resto de los casos corresponde a denuncias hechas por hombres o menores de edad.
Defensoría del Pueblo demanda a Corte Superior de San Martín investigar a juez de Juanjuí por demora en protección a víctima de feminicidio
Medida de protección fue dictada un día después de su deceso.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín requirió al Poder Judicial evaluar el inicio de investigaciones respecto a la conducta irregular que habría tenido el juez del Juzgado Mixto de Juanjuí, luego de que se conociera que las medidas de protección a favor de una mujer fueron dictadas un día después de su muerte, ocurrida el 21 de agosto en el contexto de un presunto feminicidio cometido por su pareja, quien se suicidó momentos después del crimen.
El pedido fue hecho a través de un documento dirigido por la representante de la Defensoría del Pueblo en esta región al presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, Heriberto Gálvez, a quien se le informó la sucesión de hechos irregulares que habrían tenido lugar en este caso. Asimismo, se advirtió de más de 300 casos similares que podrían tener el mismo destino.
En efecto, una vez conocido el crimen y posterior suicidio del atacante, personal de la institución se trasladó al referido distrito donde pudo constatar que el pedido para el dictado de medidas de protección a favor de la víctima fue dirigido por el Centro Emergencia Mujer (CEM) de Juanjuí el 25 de julio pasado, casi un mes antes de su deceso, a través de un informe en el que se comunicaba las graves amenazas que venía recibiendo por parte de su pareja, quien incluso intentó prenderle fuego y en otra ocasión la apuntó con un arma de fuego.
Pese a estas graves denuncias, el titular del Juzgado Mixto de Juanjuí, Carlos Coronel, dispuso el otorgamiento de medidas de protección a favor de la víctima el lunes 22 de agosto, un día después de su fallecimiento y 28 días después del pedido dirigido por el CEM de Juanjuí. Además, durante la visita de supervisión a dicho órgano judicial, se tomó conocimiento que, hasta el momento, solo 76 de un total de 397 denuncias de violencia cuentan con medidas de protección, lo que estaría dejando a un gran número de víctimas en estado de desprotección.
Ante estos graves hechos, la jefa de la Oficina Defensorial de San Martín, Janet Álvarez, solicitó al titular de la Corte Superior de Justicia evaluar el inicio de investigaciones por parte del Órgano Desconcentrado de Control de la Magistratura en esta región, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa o funcional que habría tenido el magistrado del Juzgado Mixto de Juanjuí.
En el pedido, la representante de la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en los principios de debida diligencia y de intervención inmediata y oportuna que deben respetar las y los operadores de justicia, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar y su reglamento, así como en el Decreto Legislativo 1470, señalando que las medidas de protección deben dictarse en un plazo no mayor a 24 horas desde que se denuncien los hechos y precisando la necesidad de sancionar a las autoridades que incumplan dichos principios.
Álvarez también solicitó al órgano judicial que disponga visitas inopinadas a los diferentes juzgados de la región para conocer el estado de las denuncias por violencia.
DATO: Según la PNP, se registraron 1532 denuncias por desaparición cometidas por particulares, de las cuales 921 estaban vinculadas a mujeres de todas las edades; de este número, fueron ubicadas 442. En síntesis, en lo que va del 2022 se han registrado 6788 denuncias, de las cuales se informó la ubicación de 3203; es decir, menos de la mitad.