Por: Alberto Adrianzen
“Se ha perdido todo sentido de humanidad. Las personas no son muebles que llenan inventarios y las desplazan de aquí para allá. En una organización (y en la vida), los recursos “humanos” deben ser mejor considerados sin importar la coyuntura, las órdenes superiores o los ánimos”. Lo que reclama este tweet, cuya autora es una alta funcionaria de este gobierno, es un mejor trato, digamos más digno y humano. En ese sentido, podríamos sumarlo al reclamo de los cientos de miles de peruanas y peruanos que hoy demandan con fuerza un Perú distinto en el que se les reconozcan, también, dignidad e igualdad. Como es obvio en una democracia, esta funcionaria ya renunció.
Mientras se expresa este ánimo radicalmente reivindicativo en diversos espacios y lugares del país, el clima que hoy se vive en el gobierno, especialmente en el Consejo de ministros, apunta a no escuchar estas demandas. Y menos aún negociarlas con los que hoy protestan. Una ministra exclamó de manera muy clara: “estamos en guerra” y en consecuencia hay que operar bajo esa definición. Lo mismo ocurre con un sector empresarial.
El conocido empresario Ricardo Vega Llona dijo en canal N: “Nos están llevando a un enfrentamiento indeseable”. Luego advirtió que algunos empresarios están planeando, como en el pasado, la creación de grupos de autodefensa, algo así como “paramilitares”.
Hace unos días un grupo de manifestantes cusqueños tenía como consigna principal: “ahora sí, guerra civil”. Se acercaban mucho a lo que hoy piensa un sector de la derecha y la ultraderecha al plantear la posibilidad de crear grupos de autodefensas. Es decir, una suerte de “guerra civil” y la imposición de un régimen altamente represivo y conservador
Un dato importante de este momento es el incremento acelerado de la polarización, cuanto de la violencia que se está desarrollando en todos los ámbitos: político, social, ideológico, familiar y microsocial, como también en la mayoría de regiones del país.
Por todo ello ando pensando en estos días el extinto Carlos Tapia: “La guerra es el fin de la política”. La frase apareció en un contexto en donde la violencia, el anticomunismo brutal, el senderismo criminal y la muerte, eran lo “normal”.
La idea de Carlos Tapia de que la guerra es el fin de la política, además de cuestionar lo que era una tesis aceptada por la mayoría de la izquierda de esos años, sobre todo por una parte de ella que coqueteaba con la lucha armada, se sustentaba en que la guerra, al convertir a los adversarios en enemigos, hace imposible la democracia porque plantea como objetivo central el fin de tu “enemigo”, del otro distinto a ti.
No se puede construir hoy día una nueva y mejor democracia, tampoco otra izquierda, como consecuencia de una guerra o de una extrema polarización. Pues para hacerlo se requiere establecer un espacio donde sea posible establecer pactos que permitan resolver la crisis actual sobre la base de aceptar que existe un conflicto político, que se enfrentan sectores con intereses distintos y hasta contrapuestos. Cuando no es posible ese espacio ni son posibles los pactos, aumenta la violencia y la incertidumbre política, que no es otra cosa que la ausencia de reglas y de horizontes posibles, apareciendo: la tentación autoritaria.
La historia en América Latina muestra que cuando se quiere hacer grandes cambios democráticos (o revoluciones) pero no se tiene la suficiente correlación de fuerzas hegemónicas y existe una alta polarización y no son posibles los acuerdos, el nuevo poder puede terminar por controlar las reglas o por generar lo que podemos llamar regímenes de excepción. Es decir, regímenes que legitiman su poder creando una legalidad que los mismos gobernantes construyen y enuncian.
Se abre lo que llamamos la tentación autoritaria, es decir un poder que se niega aceptar la pluralidad política. En este contexto, el frustrado golpe de Pedro Castillo, provocado por sus gruesos errores y por el acoso permanente de una derecha que no aceptó su derrota electoral, fue un intento por crear un régimen de excepción.
Las posibilidades de que surjan dictaduras o “regímenes de excepción” crecen cuando no existe un “centro político estabilizador”, que no es neutral frente al conflicto. Dilema que condena a la política a una permanente reiteración y a la democracia a una permanente mediocridad.
En nuestro caso, ese pacto mínimo debería establecerse sobre la base de un nuevo gobierno de transición que convoque a elecciones generales para octubre 2023. Y un gabinete cuya composición refleje las demandas ciudadanas, así como una consulta ciudadana sobre la necesidad de una nueva Constitución. Y una profunda investigación sobre los últimos asesinatos, las violaciones a derechos humanos y un proceso de reparación para familiares y sanción a los culpables.