Los cargos de confianza sobre todo educativos deben desaparecer, solamente el «favorecido» sale ganando; es el estilo de gobierno que le hace mucho daño a una política educativa que debe ser estable a favor de los educandos.
El novicio y reciente gobierno regional a cargo del señor Walter Grundel, en el sector educación, ¿será su primera poda para despedir funcionarios de diversos cargos públicos que no son de su confianza?
Empezaron en este caso, retirándolo del cargo de director de la Dirección Regional de Educación (DRE), al Dr. Alfonso Isuiza Pérez, quien luego de un par de días en el cargo sin previo aviso del retiro y sin resolución de despido respectivo y sobre todo sin ninguna argumentación, es puesto a un lado para ubicar al Lic. Juan Orlando, que viene de la gestión del médico Pedro Bogarín, que lamentable y muy triste terminó su mandato casi a los umbrales de su gestión por el proceso de investigación que la fiscalía de Lima le abrió en su contra.
El Dr. Alfonso Isuiza, tuvo ya su equipo técnico para emprender su gestión en las 10 provincias del Dpto de San Martín enfocándose en el problema educativo de nuestra zona que ciertamente es el efecto de una política educativa nacional dictada desde el MINEDU, influenciada al mismo tiempo con los ensayos que hace cada gobierno de turno, como el presente que desde el ejecutivo representa una mujer como presidenta ilegítima no solo por su traición al maestro Pedro Castillo, sino sobre todo por la carga negra de su conciencia que lleva 58 muertos producto de las arremetidas de malos policías que en ves de cuidar a los manifestantes que se desplazan y se expresan contra su política represiva de esta señora, abonan violentamente contra los mismos.
Los cargos de confianza deben ser borrados de las políticas públicas del país, mucho más tratándose de la educación, como el caso de San Martín, siempre se habló de política educativa regional, desde los gobiernos de César Villanueva (dos periodos), Víctor Noriega, Pedro Bogarín, pero todo quedó en libreto, todo fue para las galerías, fue “degustado” en grandes comilonas con funcionarios todos de confianza, pero todo quedó en propuestas, en teorías y en tristes promesas. Nunca se hicieron realidad nada.
Muchas instituciones educativas del Dpto se caen a pedazos, los alumnos(as) pasan sus horas de clases en escenarios inhóspitos, la mayoría con materiales prefabricadas que deshidratan y queman a los estudiantes en aulas anti pedagógicas, sumado a esto al mismo tiempo, políticas curriculares que hace más de 20 años están en permanente cambio sin el debido aprendizaje del educando sobre su propia personalidad, sus ausencias de visiones, su precaria realidad social y económica enfocados en otros contextos, quitándole la propia identificación al estudiante que opta entonces mirar otras realidades exógenas de vivencias frágiles.
GESTIÓN GRUNDEL: ¿ESTARÍA EMPEZANDO MAL?
Pregunto: ¿Por qué retirar a un funcionario de un cargo que recientemente lo asumió? Salvo que ese funcionario tenga evidencias que denigran contra su dignidad de profesional, mucho más cuando reúne todo el perfil profesional en este caso el Dr. Alfonso Isuiza Pérez.
No conozco a este maestro, nunca hablé personalmente con él, para que no se mal interprete que estoy lanzando castillos a su persona; tampoco conozco al otro profesional, Juan Orlando, nunca hablé tampoco con él.
Pero hay que ser hidalgos y medianamente sinceros con uno mismo, para no ser el elemento oportunista que genera controversia al prestarse para desplazar a otra persona que tiene seguramente más mérito profesional y mucha personalidad dialogante y no prestarse a la jugada de que seas conocido y amigo de la nueva autoridad gubernamental para desubicar a otro funcionario.
Una nueva autoridad producto del voto popular puede retirar si quiere todo el personal y funcionarios de confianza de un cargo público, pero esa misma autoridad elegida no tiene ningún derecho para seguir perjudicando a la educación, y no porque los cargos son de confianza y de la bonita amistad se atribuyen esa misma corriente de siempre donde el más afectado es el educando, los padres de familia, y sobre todo, la más perjudicada: la educación en la región que se suma a toda una política educativa nacional que tiene más carga remunerativa para altos funcionarios y pésimo servicio educativo a los estudiantes y pésima y miserable remuneración a los maestros, producto de la corrupción en los gobiernos nacionales, regionales y locales.
Por ejemplo, la gestión Bogarín el año pasado no cumplió su compromiso de pagar la deuda social a los maestros, pese a los acuerdos de entendimiento con el sindicato de la SITESAM- FENATEP; ya los maestros pueden entender, por qué aquella gestión dejó de pagar la deuda social.
Esta gestión de Grundel, todo indica que seguirá la misma línea de política desinteresada a ser pagada esta deuda (espero equivocarme). Porque todo lo que empieza mal, ya sabemos cómo termina (no quisiera ser pitoniso): un gobierno al final de su gestión en proceso de investigación como su antecesor.