“La política está enferma, hay excepciones. Pero, en general, está más enferma que sana”
Más del 50% de pérdidas por corrupción se concentrarían en gobiernos regionales y municipales. Gobierno Nacional registraría el 44% de pérdidas por irregularidades. Con recursos públicos perdidos por la corrupción en 2022 se habría podido eliminar la pobreza en el Perú
A nivel nacional, son 8,730 funcionarios con presunta responsabilidad penal, civil y administrativa. Durante el año 2022, la corrupción habría ocasionado al país un perjuicio económico estimado de S/ 2,419 millones, de los cuales, el 56% (S/.13,721 millones) fue ocasionado por los gobiernos regionales y las municipalidades y por el gobierno nacional con el 44% (S/.10,696 millones) de acuerdo al resultado de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional.
En ese sentido, el contralor general Nelson Shack, indicó que, si reflexionamos sobre sus efectos, con esos recursos públicos perdidos por la corrupción (más de 24 mil millones de soles), se podría eliminar la pobreza en el Perú, ya que aliviaría, como mínimo en dos años, este problema que hoy por hoy afecta a millones de peruanos y peruanas.
Esta estimación se realiza por cuarto año consecutivo en base a la identificación del promedio móvil interanual de las proporciones de perjuicio económico al presupuesto público, sobre la cual se ejecuta una extrapolación que permite proyectar las proporciones de pérdidas respecto al año anterior, en función al tipo de gasto, sector, departamento y nivel de gobierno.
La finalidad es revelar la situación actual del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional en el país, y así priorizar de manera estratégica los esfuerzos del control y exhortar a los funcionarios y servidores públicos a tomar acción para revertir esta situación que afecta al desarrollo económico y social de la población, principalmente de los sectores más vulnerables del país, ya que se dejan de ejecutar importantes obras y servicios.
Por tipo de gasto
La estimación revela que, en el 2022, la incidencia del perjuicio económico se presenta, por tipo de gasto, también en el rubro de Inversión (obras), con una incidencia de aproximadamente 16.8% (S/.7,945 millones), seguido por Bienes y Servicios con 12.8% (S/.6,523 millones) y Otros con 11.9% (S/.9,950 millones).
Un ejemplo de lo identificado fue el caso del puente Tarata, en la región San Martín, donde se identificó a tres funcionarios de Provías Descentralizado con presunta responsabilidad penal y administrativa por beneficiar al postor con la buena pro, para lo cual postergaron irregularmente la etapa de presentación de propuestas, además que se incumplieron requisitos, entre otras irregularidades (Informe de Control Específico N° 001-2022-2-5568-SCE)
Otro ejemplo de irregularidad detectada por la Contraloría, en el rubro de Bienes y Servicios, es el caso de la dilatación injustificada para la compra de 700 mil pasaportes electrónicos que generó un desabastecimiento y la afectación del servicio, pese a las alertas emitidas por la Contraloría General. Se identificó la presunta responsabilidad de cuatro funcionarios y/o servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Informe de Control Específico N° 012-2022-2-5996-SCE)
En los dos últimos años, de los S/.16,938 millones de pérdida acumulados por el Poder Ejecutivo, el 41% corresponde al gasto en contrataciones, 30% al gasto en personal y 21% en inversiones.
Incidencia y Ranking
Los departamentos con mayor incidencia en corrupción e inconducta funcional, en una escala de nivel Alto, son: Moquegua (24.0%), La Libertad (20.2%), Apurímac (18.5%), Huancavelica (18.2%), Áncash (17.5%), Arequipa (17.4%), Cusco (16.5%) y Lambayeque (15.8%).
El estudio también presenta el ranking absoluto del perjuicio económico por territorio y que en este caso está encabezado por las regiones de Cusco (S/.1,601 millones), Áncash (S/.1,381 millones), Piura (S/.1,337 millones), La Libertad (S/.1,324 millones), Arequipa (S/.1,176 millones) y Cajamarca (S/.1,042 millones). En Lima Metropolitana, que concentra la mayoría de entidades públicas del país, las pérdidas se elevan a los S/.7,648 millones.
Las Top 10: Cenares, MTC y ATU lideran el ranking
Las entidades que se ubican como las 10 primeras en el ranking de perjuicio e incidencia por corrupción e inconducta funcional, son:
En el gobierno nacional, cuyo monto de perjuicio económico es S/.10,696 millones, generados por tipo de gasto en Abastecimiento (14.1%), Inversión (12.4%) y otros (8.0%), tenemos al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares); Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis); Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); Corte Superior de Justicia de Lima; Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied); Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe); Instituto Nacional Penitenciario (Inpe); Gerencia General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
Hay otras entidades que no figuraban y ahora aparecen, como el caso del Pronis, que era una unidad ejecutora del Minsa, a cargo de los proyectos de infraestructura, y que tiene alrededor de 60 proyectos hospitalarios paralizados a nivel nacional.
DATOS:
– En el 2022, la Contraloría General concluyó 42,734 informes de control (135 previo, 27,587 simultáneo y 15,012 posterior). Con el control simultáneo, se alertó sobre 42,553 situaciones adversas, de las cuales hasta el momento el 46% no han sido corregidas y el 24% no presentan acción alguna.
– Mientras que, como resultado del control posterior, se identificó a 8,730 funcionarios con presunta responsabilidad penal (3,593), civil (3,498), administrativo (6,542) y administrativo PAS (979), éstos últimos serán procesados este año por la Contraloría General y podrían resultar en la suspensión del cargo público hasta la inhabilitación. Fuentes: Prensa Contraloría – Proética.
Nota de redacción
De acuerdo a esas cifras, se confirma que la corrupción es el principal problema de nuestro país, lo cual es insostenible e inaceptable. Por ello es necesario, por el bien de nuestro país, que esta situación se revierta. Para ello todos los implicados en casos de corrupción deben ser objetivamente investigados y sancionados severamente, conforme al marco legal vigente.
No debemos dar tregua a la corrupción. Es tarea de todos combatirla y denunciarla, pero también formar a las nuevas generaciones con sólidos valores éticos y morales. Solo así esta situación se revertirá y tanto la ciudadanía como los inversionistas, tanto locales como extranjeros, podrán recuperar la confianza en el Estado peruano y sus instituciones públicas y privadas.