Presión vino desde la CONFIEP
Comunicados y pronunciamientos subrayan que la nueva legislación implica un retroceso en la conservación de tierras forestales y áreas de protección de la Amazonía.
Si la tala de árboles continúa al ritmo actual, ya no serán unos 4.500 kilómetros cuadrados de tierra lista para la quema, sino el doble, lo que originaría una «tormenta perfecta» en la mayor selva tropical del mundo, según el informe de la organización no gubernamental Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía (Ipam).
Tras haberse aprobado, en el Congreso de la República, las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, con impacto directo en la Amazonía, el Capítulo Peruano del Movimiento Católico Mundial por el Clima, junto con 12 organizaciones en defensa del ambiente, solicitaron la derogación de la normativa.
De acuerdo al pronunciamiento, la reciente acción legislativa aprobada contradice mandatos constitucionales y múltiples compromisos asumidos por el Estado peruano en tratados internacionales, además de omitir el derecho a la consulta previa a favor de los pueblos indígenas, cuyo bienestar y seguridad depende de la salud de los ecosistemas forestales.
Estas regulaciones incluyen normas para la clasificación de suelos según su capacidad de uso y la autorización para cambios en el uso de suelo.
Los documentos han sido firmados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos & Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosas y Religiosos (Comisión de JPIC-DD. HH CONFER Perú), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en Perú, el Carmelo Misionero Seglar CMS Flor del Carmelo.
Asimismo, se suma el respaldo por escrito de la Fraternidad Carlos de Foucauld, la Iniciativa interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú (IRI Perú), Pastoral Social – Diócesis de Chosica, Comisicón de Ecología y Cuidado de la Creación Diócesis de Lurín, Equipos Docentes del Perú (EDOP), Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Se develan escasos esfuerzos del Estado por proteger a la Amazonía
Tras revelarse que quienes estuvieron detrás de la modificación de la norma que ahora permitirá la deforestación en la Amazonía, ni a un mes del asesinato del Apu Quinto Inuma y culminarse la COP 28 —la Cumbre Climática anual que busca frenar el calentamiento global—, ayer domingo la Agencia Andina publicó que en el país hay más de 800 mil hectáreas de bosques amazónicos que se ubican en predios privados, equivalente aproximado a 160.578 mil estadios nacionales.
Este dato brindado por la Estrategia de Intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques del (Minam) llama la atención en el contexto de las nuevas disposiciones aprobadas sobre la Ley Forestal, ya que la reciente modificación aprobada incluye la remoción del Ministerio del Ambiente (Minam) en los procesos y opiniones técnicas de zonificación forestal, y la eliminación de la necesidad de obtener autorizaciones para el cambio de uso de suelo en terrenos privados.
En tal sentido, “(…) con la aprobación de esta norma en el Congreso, estas extensiones de bosques serían el potencial directo de deforestación”, advierte Iris Olivera, líder de Proyecto del Programa Sostenibilidad de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Dicha situación ocurre independientemente de la capacidad de las hectáreas para albergar diversas especies de flora y fauna, y de su rol en la provisión de bienes y servicios esenciales.
“Sólo en el 2019 la deforestación en Perú fue de 147.000 hectáreas, una cifra que se eleva a 2,3 millones de hectáreas desde 2001, causada principalmente por la agricultura migratoria, el cambio de uso tierras, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros”
Organizaciones indígenas y productivas iniciaron lucha en 2022
Desde el año pasado, distintas organizaciones indígenas y del ámbito agrario vienen presentando ante el Poder Legislativo varios pronunciamientos y cartas en las que exhortaron a la representación nacional a no aprobar la iniciativa legislativa impulsada desde las bancadas de Perú Libre y Alianza Para el Progreso.
Dentro de ellas están: la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), la Confederación Nacional Agraria, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau), la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú (Fencap), y el Colegio de Biólogos del Perú.
En sus pedidos se resalta que el Perú enfrenta un aumento en sus índices de deforestación, donde la expansión agrícola se identifica como el principal factor, contabilizando el 51.6% del total nacional.
En esa línea, cabe recordar que la ganadería, actividades extractivas ilegales, la tala ilegal, cultivos ilícitos y proyectos de infraestructura suman el 48.4% restante en la degradación de los bosques en el territorio nacional.
Pero ¿quiénes estuvieron detrás de la modificación de la norma que ahora permitirá la deforestación?
La celeridad con que se trató la propuesta y la posterior aprobación de la modificación legislativa levanta sospechas sobre la relación entre el Poder Legislativo y empresas que podrían beneficiarse con los cambios en la normativa ambiental y de recursos naturales.
Una maniobra legislativa ha evidenciado la participación directa de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) institución que representa al sector empresarial de mayor poder económico en Perú en las últimas decisiones del Congreso de la República para conseguir la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una decisión, adoptada por insistencia, que fue aprobada con notoria rapidez el jueves 14 de diciembre.
La celeridad con que se trató la propuesta y la posterior aprobación de la modificación legislativa, con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, ha levantado sospechas sobre la relación entre el Poder Legislativo y las grandes empresas que podrían beneficiarse de cambios en la normativa ambiental y de recursos naturales.
Esto luego que se hiciera pública una carta firmada y enviada por Alonso Bustamente Canny, empresario agroexportador y nuevo presidente de la Confiep al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.
El documento fue remitido apenas un día antes de que la Junta de Portavoces del Parlamento agendara y aprobara por insistencia modificar la Ley N° 29763, que, según alerta el director del programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, abre paso al desarrollo de prácticas ilegales —como el tráfico de tierras—, afecta los derechos de los pueblos indígenas, aumenta la deforestación de los bosques Amazónicos, entre otros efectos.
Los argumentos de la Confiep para presionar al Congreso: “una violación flagrante del derecho al trabajo”.
En un párrafo de nueve líneas, la organización privada que agrupa al gremio argumentó que no aprobar la modificación de la Ley N.º 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a través del texto sustitutorio que reunía los proyectos de ley 649/2021-CR, presentado por Perú Libre y 894/2021-CR, de Alianza para el Progreso, calificada como “una violación flagrante del derecho al trabajo”.
Asimismo, agregaron que rechazar la modificatoria ponía en peligro la estabilidad laboral y desalentaba la inversión en un sector clave para el crecimiento económico durante las últimas tres décadas en el país.
Y, por otro lado, reafirmaron: “El enfoque equilibrado de estas propuestas legislativas no promueve la deforestación futura ni afecta áreas forestales intactas, sino que busca regularizar actividades ya existentes en terrenos degradados”.
Sin embargo, lo cierto es que la conservación ambiental y los intereses empresariales no estarían alineados en una misma línea. Pues, con la contrarreforma aprobada, se han introducido cambios significativos en la gestión de uso de tierras, eliminando la necesidad de una autorización previa de zonificación forestal para modificar el uso de dichos terrenos. Anteriormente, esta autorización era esencial para determinar las zonas adecuadas para la agricultura y ganadería, así como para garantizar la preservación del patrimonio forestal.
¿Qué congresistas votaron a favor de promover la deforestación?
De acuerdo a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la modificación supone: “Un retroceso en la gobernanza de los bosques, al vulnerar los derechos de los pueblos originarios y poblaciones locales, debilitando la lucha contra la deforestación y haciendo caso omiso a regulaciones ambientales nacionales e internacionales”.
En esa línea, los partidos que respaldaron con una alta mayoría la iniciativa legislativa fueron Fuerza Popular, con 20 votos, Alianza para el Progreso (8), Avanza País – Partido de Integración Social (7), Renovación Popular (5), Acción Popular (4).
¿Qué riesgos conllevan la modificación?
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades nativas y diversas organizaciones regionales, advierte que los riesgos principales de los proyectos que han modificado la Ley Forestal son:
- Permite legalizar áreas deforestadas para actividades agropecuarias, poniendo en peligro ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental.
- Compromete los acuerdos internacionales de conservación y pone en jaque la comercialización de productos agrícolas bajo regulaciones internacionales de deforestación cero, amenazando así los medios de vida de cientos de miles de agricultores familiares y productores a nivel nacional.
- Viola el derecho a la consulta previa a favor de los pueblos indígenas y comunidades afectadas por encima de la autonomía y libre determinación sobre sus territorios.
Usted debe saber
- El expresidente de la CONFIEP, Jaime Cáceres Sayán, sostuvo que siempre las relaciones entre el Gobierno y el sector privado son difíciles, pero no por temas de fondo, pues afirmó que el gremio empresarial protege la formalidad.
- En marzo, del 2018 se supo que CONFIEP favoreció campaña de Fujimori con dinero de Odebrecht y sin conocimiento de la ONPE. Presidente del gremio empresarial Roque Benavides confirmó que se hizo una bolsa de US$2 millones contra la campaña de Ollanta Humala. Del total US$200 mil fueron aportados por Odebrecht. Fuentes: Infobe, Agencia Andina, COFIEP.