Ambientalistas y urbanistas del país exhortan al Congreso de la República a aprobar la Ley General de Ordenamiento Territorial y su reglamento, y modifique el artículo 22 de la Ley N° 30230 dada en julio de 2014 –más conocida como “paquetazo ambiental” – que a la letra dice “Ni la Zonificación Económica Ecológica ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso.”
La Ley General de Ordenamiento Territorial debe ser concebida como una herramienta útil para integrar en un mismo mapa información territorial de diversa naturaleza y origen: física, ambiental, social, económica, administrativa, paisajística, cultural, entre otros, sobre lo cual se pueden tomar decisiones concertadas y equilibradas entre los actores del territorio: sean comunidades, barrios, asentamientos, ciudades, empresas, comercios, industrias, gobiernos locales y/o regionales, así como el gobierno nacional.
El evento fue inaugurado por Manuel Dammert Ego Aguirre, Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, del Congreso de la República, quien resaltó la importancia y la riqueza del ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible del país, ya sea desde el ámbito del barrio, la ciudad, la cuenca o región y, particularmente, en el contexto del cambio climático para lograr justicia hídrica, inclusión social, reducción de riesgos y desarrollo sostenible desde las ciudades.
Liliana Miranda, directora ejecutiva del Foro Ciudades para Vida, sostuvo que los especialistas nacionales y extranjeros compartieron experiencias y sus lecciones aprendidas en este sentido en el marco del Foro Internacional “Ordenamiento Territorial y los Retos de las Ciudades del Siglo XXI frente al Cambio Climático, Justicia Hídrica e Inclusión Social”, desarrollado recientemente en Lima y organizado por la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, el Foro Ciudades para la Vida y el ITC de la Universidad de Twente, Países Bajos.
Participaron expositores de Holanda, Argentina, Inglaterra, Colombia, Guatemala y Bolivia, así como representantes del AMPE, SERPAR, el Gobierno Regional de Cajamarca y varias Universidades del país.
La Ley deberá facilitar la toma de decisiones concertadas y debidamente consultadas entre los diversos actores que usan, ocupan y transforman diariamente el territorio, contribuyendo a reducir pérdidas económicas y ambientales así como evitar y manejar conflictos. En este sentido, el Ordenamiento Territorial debe ser una herramienta técnica que permita la adopción de decisiones políticas participativas y concertadas sobre un espacio geográfico y en un plazo determinado.
Cabe recordar que en abril de este año el Acuerdo Nacional también reconoció esta necesidad, recomendando la formulación de una política Estado de Ordenamiento y Gestión del Territorio, mediante el cual “se impulse un proceso de ordenamiento y gestión territorial que asegure el desarrollo humano en todo el territorio nacional, en un ambiente de paz”.
Lamentablemente, el Perú todavía carece de ese cuerpo normativo que regule los procesos de ordenamiento territorial. Disponer de ello permitirá que los órganos de gobierno en sus distintos niveles tengan un marco de referencia para conciliar y compatibilizar las implicancias territoriales de sus decisiones; que los agentes económicos dispongan de reglas claras que garanticen sus inversiones; y que la población, que son los principales actores y receptores del desarrollo territorial, puedan decidir de manera informada sobre aspectos directamente relacionados con sus entornos.