Por Alonso Ocampo.
Cuando un ciudadano reclama a sus autoridades imponga orden y regule ciertas actividades económicas lo hace a sabiendas de las prerrogativas legales de las cuales están investidas, pero además espera que sus conciudadanos practiquen un valor tan elemental como el respeto
Sin embargo cuando las autoridades cumplen sus funciones se produce una avalancha de críticas de sectores impensados entre los cuales se encuentra la prensa la que finalmente genera una corriente de opinión deformada, con argumentos enrevesados, falaces. Son intereses particulares o las relaciones interpersonales de los periodistas las que priman a la hora de tratar este tema y terminan ubicándose al lado del conductor de un negocio al cual su vecino le llega al huevo.
Cuando la Municipalidad Provincial de San Martín, dispuso operativos para ordenar el Jr. Lamas, en la llamada “Calle de las Piedras”, casi al unísono los medios de comunicación salieron a sentar posición contraria a una acción que además de legal es una señal de respeto al vecino. No contentos con ello salieron a criticar impíamente al gerente que llevó a cabo dicha medida, pero casi nadie se puso en los zapatos del vecino que tiene que soportar borrachos, meones y voces estridentes de karaokes que no tienen acústica cuya contaminación sonora está sancionada por las ordenanzas vigentes, eso sin dejar de lado el peligro que constituyen los conductores ebrios para el común de ciudadanos que tienen el infortunio de interponerse en sus caminos.
Mientras las condiciones sean las actuales los propietarios de esos negocios tienen la obligación de respetar las normas vigentes y también a sus vecinos. Todos somos iguales ante la ley, baste de privilegios y coronas, menos aún con ese cuentito de “calle turística”. Si esta calle estuviera ubicada cerca del lugar donde viven aquellos críticos del orden y las normas de convivencia social estoy seguro que cambiarían de opinión radicalmente.
Algo parecido viene ocurriendo en Moyobamba con la implementación de la llamada “ordenanza zanahoria”, norma que busca regular el horario de funcionamiento de lugares de diversión nocturna, esta medida ha sido criticada por algunos sectores con similares argumentos que en Tarapoto con la pretensión de tirarse abajo una medida de un Gobierno Local al cual critico constantemente por su inoperancia a la hora de imponer orden en la ciudad, pero que en este tema en particular tiene mi respaldo ciudadano. Los empresarios del rubro han anunciado que acudirán a las instancias judiciales para plantear una acción de amparo porque se estaría vulnerando el derecho al trabajo y la empresa. Resulta oportuno recordarles que la Constitución Política del Estado garantiza en su Artículo 1 “la defensa de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado”, y en su Artículo 2 numeral 22 señala que “toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.
A quién no le gusta divertirse, tomar unos tragos, bailar un rato, creo que a todos, pero alguna vez nos preguntamos cómo la pasan los vecinos cercanos a los locales de diversión, quizás no nos haya importado obtener una respuesta dentro de los parámetros del respeto a los derechos de nuestros conciudadanos y las normas de convivencia social.
No hace mucho un vecino de la Punta de Tahuishco- centro de diversión nocturna por excelencia de Moyobamba- me contaba con aflicción que su menor hijo de diez años se quedaba dormido en clases, ya que de jueves a domingo le resultaba imposible dormir por la bulla que ocasionaban las discotecas y bares cercanos a su inmueble. Esta incómoda situación había ocasionado que el niño sufra un ostensible bajón en su rendimiento escolar.
Bajo esa óptica resulta rescatable que los gobiernos locales impongan orden en sus ciudades, a los que critican estas acciones les sugiero la práctica saludable de ponerse en el pellejo de aquellos vecinos que padecen noche a noche los estragos de diversión ajena. A pesar de ello no puedo dejar de reconocer que estas actividades dinamizan la microeconomía local, pero ello no debe significar carta blanca para avasallar los derechos de nuestros vecinos así como tampoco ignorar las ordenanzas vigentes.
Es hora de hacer un esfuerzo y llegar a un justo medio donde deberá cumplir un rol importantísimo las municipalidades ya que legalmente tienen la obligación de cautelar los derechos de sus ciudadanos así como también la de promover la economía local.