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martes, abril 16, 2024

Aldo Bardalez en contra de Proyecto de Ley de Servicio Civil

ALDO BARDALEZ (Al centro)
ALDO BARDALEZ (Al centro)

Los derechos laborales y remunerativos del 40% de los trabajadores públicos que están en los regímenes laborales 276,728 y Contrato Administrativo de Servicios (CAS) serían vulnerados si el Pleno del Congreso aprueba el Proyecto de Ley del Servicio Civil, afirmó el parlamentario Aldo Bardález Cochagne quien mostró su rotundo rechazo a la iniciativa.

“Este proyecto del Ejecutivo no debe ser aprobado en el Congreso porque condena a los servidores públicos a una muerte laboral anticipada, pues al entrar en vigencia la Ley del Servicio Civil, ya no tendrían incrementos salariales, ascensos ni promociones en la carrera administrativa, es decir se les mantendría solo por contrato sin estabilidad laboral, lo cual resulta más perjudicial”, indicó.

Con esta nueva modalidad de servicio civil se ocasionarían despidos masivos, limitaría el derecho de huelga, negociación colectiva y otros beneficios adquiridos que perjudicarían a aproximadamente 1 millón 300 mil personas, indicó en declaraciones a la prensa tras haber participado de una mesa de trabajo con agricultores de Nueva Cajamarca.

El legislador de Fuerza Popular sostuvo que la norma exceptúa a los trabajadores de las carreras especiales (59%) en el que están los profesores, profesionales de la salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares, políticos y el restante 1% que está constituido por gerentes públicos regidos por el Decreto Legislativo 1024.

En tal sentido, Bardález Cochagne demandó al Gobierno crear una Ley General del Trabajo que sea válida para todo el sistema público que les permita incluso incorporar el tema remunerativo, aspecto que no fue considerado en esta propuesta.

Precisó que la iniciativa ha sido objeto de un dictamen en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso, mientras que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se ha elaborado un pre dictamen que debe ser aprobado en las siguientes semanas para posteriormente su debate en el Pleno del Congreso.

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