pastillas para no dormir
Alonso Ocampo
[email protected]
Salir de casa en San Martín se ha vuelto un asunto de vida o muerte y no es exageración, el otro día nomás una balacera en pleno centro de Moyobamba nos mostró los niveles de violencia que vivimos. Si a ello le sumamos la creciente ola de asesinatos sin resolver, extorsiones cotidianas y la inquietante afirmación de Jaime Antezana respecto de la presencia de una columna de narcotraficantes en el sur de nuestro departamento definitivamente no es una aseveración alarmista.
Hoy se habla del secretario técnico de seguridad ciudadana del GORESAM Miguel Ajalcriña casi como único responsable por la falta de respuestas a esta escalada de violencia, particularmente no pienso que ello sea así, que sea un tipo antipático y defensor de causas contrarias al interés colectivo como si fuera empleado de alguien dista mucho de limitar su derecho constitucional de opinión.
Acá existe un responsable político, el presidente del GORESAM César Villanueva y un responsable funcional que es Miguel Ajalcriña, aunque este último si bien es cierto no puede mostrar mayores logros en el poco tiempo que está al frente de esa oficina, tampoco deja de ser verdad que para todo trabajo existe un perfil profesional específico y aun valorando sus conocimientos como economista debió reconocer sus limitaciones en un terreno donde ni siquiera tenía experiencia como para pretender solucionar temas que requieren respuestas prontas. En las actuales circunstancias considero que Miguel Ajalcriña, a quien tengo aprecio, debería poner su cargo a disposición, no por los hechos específicos de violencia suscitados estos últimos días -aunque ciertamente quedó claro que el GRSM carece de respuestas que resguarden a su población- sino porque su presencia en el cargo dificulta el respaldo social para enfrentar un problema que requiere la unidad de toda la ciudadanía.
Estoy seguro que muy pocos recuerdan el nombre del anterior Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana, sin embargo considero que ya es hora que se acaben las reunioncitas cojudas las cuales son justificadas por su actual jefe argumentado que sus predecesores no avanzaron mucho, sin embargo, quien asume un cargo sabe – o debería saber- qué encontrará y a partir de ello elaborar con urgencia un plan de respuesta inmediata. De otro lado, Miguel Ajalcriña debe entender que es un funcionario público y mientras no sea removido del cargo está sujeto a los más duros cuestionamientos por parte de la ciudadanía, así que sería muy conveniente para su trabajo limite sus horas en el Facebook ya que últimamente, además de perder el tiempo se dedica a responder con un tufillo cholliwodense cada crítica que le formulan en las redes sociales.
No obstante lo dicho considero que la exigencia mayor la tiene el gobierno nacional, desde ese nivel es que se deben dar políticas de estado para revertir una situación que preocupa a todos, pretender dar mayor responsabilidad de la que realmente tienen -en materia de seguridad ciudadana- a los gobiernos regionales y locales no tiene mayor sentido. Que la norma pertinente otorgue la presidencia de los comités de seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones a los presidentes regionales y alcaldes es un saludo a la bandera. Tuvieron que pasar muchos años desde que se recuperó la democracia para que un civil sea designado como Ministro del Interior, incluso hoy los miembros de las fuerzas policiales se resisten a obedecer disposiciones de un civil, ya podremos imaginarnos cuál es la actitud de un coronel o general de la IV DIRTERPOL en una hipotética reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana presidida por César Villanueva.
No seamos ilusos, la delincuencia cada día es más compleja y avezada, frente a esto muy poco es lo que podrían hacer las Juntas Vecinales o Rondas Campesinas, cómo podrían enfrentar a criminales sanguinarios, cómo podrían luchar contra el crimen organizado o contra delincuentes que usan armamento de guerra, qué podrían hacer contra una columna de narcotraficantes armados hasta los dientes, cómo podrían combatir a los extorsionadores. La lucha contra el crimen y la delincuencia implica un trabajo muy profesionalizado, los factores que la originen deberán ser analizados y combatidos por un equipo multidisciplinario, tan importante como ello resultará desterrar lo viejos vicios de corrupción al interior de nuestra PNP, disponer mejores sueldos a sus efectivos, dotar de logística y potenciar los sistemas de inteligencia son, entre otras cosas, decisiones que pasan por el gobierno nacional.
A estas alturas vale recordar que el presidente Ollanta Humala en su primer mensaje a la nación en julio de 2011 refiriéndose a la Seguridad Ciudadana dijo que el temor de la población a robos, asaltos y crímenes a nivel nacional se ha incrementado y “que han pasado treinta años de fracasos y pocos éxitos sumado a la ausencia de liderazgo político” (sic). En ese mismo discurso anunció su decisión de presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Al ritmo que vamos y sin asomo de liderazgo es casi seguro que al finalizar su mandato serán 35 años. Mientras tanto solo nos queda rezar para que no seamos parte de la estadísticas de inseguridad ciudadana y participar en las marchas contra la violencia y la corrupción como la programada en Moyobamba este viernes 21; esperemos que Ollanta Humala recuerde su promesa de darle seguridad y paz interna al país, si ello no ocurre habrá que ver cómo podemos captar la atención de la presidenta Nadine Heredia.