El abogado ambientalista Manuel Pulgar Vidal señala que la preocupación fundamental del ciudadano debe ser que la autoridad competente implemente medidas para evitar daños a la naturaleza (estudios de impacto ambiental), en todos los sectores productivos, es decir, no solo tratándose de obras viales como lo hacen quienes se oponen a la construcción de la carretera Yurimaguas-Balsapuerto-Moyobamba, sin prevenir contingencias que ocasionan otras actividades como el asfalto en las pistas y el cemento en las aceras de las localidades donde viven, además de la contaminación sonora y visual, fumigación de viviendas para anticipar la aparición del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades endémicas, e incluso en sus propios hogares (uso de insecticidas para eliminar insectos rastreros y voladores y plagas en las plantas, gas para activar cocinas y artefactos de calefacción, entre otros).
El prestigioso abogado especialista en el tema y que fue integrante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, entiende que el Estado Ecológico es un mito (ficción), razón por la cual se limita a señalar que a la población solo le queda exigir que se cumpla con los estudios pertinentes para eliminar o reducir el daño a la naturaleza, pues oponerse con violencia podría constituir delito de resistencia a la autoridad sancionada con pena privativa de la libertad.
Dentro de este contexto no pierde de vista que actualmente existen medios que permiten mitigar de manera significativa los daños a los recursos naturales que en nuestro país está bajo control en última instancia del Ministerio del Medio Ambiente.
En el Perú, como en otros lugares del mundo, existen industrias estatales y privadas que generan contaminación, pero no se puede prohibir sus existencias porque sería parar el desarrollo y progreso de los pueblos, inversiones que por lo demás contribuyen a generar nuevas fuentes de trabajo que benefician al país, por lo que solo nos queda apremiar o exigir a la autoridad competente para que cumpla su rol de aplicar las medidas de control y muestreo pertinentes, fortaleciendo así la fiscalización ambiental.
Por otro lado, debemos señalar que entre las actividades que sí causan daños presumiblemente irreversibles al ambiente está la minería ilegal, es decir, la que se realiza al margen de la ley, causando impacto lesivo de orden ambiental así como social. Por esta razón es que el Estado ha criminalizado esta actividad (delito de minería ilegal), sancionándolo con pena privativa de la libertad de alta duración por cuanto no solo afecta al medio ambiente, sino también bienes de terceras personas.
Esta actividad que se realiza al margen de la ley, ocasiona un grave impacto lesivo de orden ambiental, pues opera sin tener en cuenta lo dispuesto por la normatividad administrativa afectando al medio natural o algunos de sus componentes irrogando así un perjuicio efectivo o poniéndolo en grave peligro. Dentro de esta realidad la autoridad competente está obligada a prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental, adoptando las medidas de mitigación que correspondan pues las obras previstas por los tres niveles de gobierno ( Nacional, Regional y Local), proyectadas como elementos de desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, no pueden parar, sin embargo toda persona natural o jurídica tiene derecho a emitir opiniones o aportes en la gestión ambiental en forma responsable, pero lo que no puede legalmente es oponerse a la ejecución de obras proyectadas como la carretera Yurimaguas-Balsapuerto-Moyobamba que promoverá no solo el desarrollo de esta parte del país sino también de todo el Perú. Estas opiniones o aportes nos hacen crecer como ciudadanos.
Dentro de esta coyuntura, esperamos que el Gobierno Regional de San Martín, convoque a los representantes de las diferentes organizaciones civiles para respaldar este ofrecimiento del Presidente PPK de construir dicha carretera, obrando así en consecuencia con la convocatoria hecha para la conformar el Comité de Gestión de la Marca “San Martín”.
Para finalizar diremos que ha existido otras personas que con disimulo o doblez se han opuesto a la ejecución de la carretera Yurimaguas-Balsapuerto-Moyobamba como es el caso de César Villanueva Arévalo, quien cuando estuvo al frente del GORESAM manifestó con soberbia que “el puente se construirá por el sector Los Ángeles y no voy a cambiar mi decisión así que el FEDEIMAM promueva movilizaciones” (Diario Voces, 09 de octubre de 2008), pretendiendo así alejar dicha plataforma de la ruta a Moyobamba. Queda así claro que la presencia del puente en el Sector Motilones es consecuencia de la presión que ejerció en su momento dicha organización presidida por el reconocido profesor Juan Manuel Rojas Burga contando con el apoyo del pueblo.
Esta pretensión de Villanueva Arévalo se corrobora en el “Mensaje al Pueblo de Moyobamba” (Noviembre 2015) cuyo autor fue su sucesor en el cargo, folleto que por demás resultó un bumerán contra su persona. En dicha publicaciòn el mensajero confirma lo expresado al Diario Voces por el ya referido Villanueva Arévalo, quien por lo demás despachaba desde Tarapoto con la complacencia de su entorno gubernamental.