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jueves, abril 18, 2024

Ante bloqueo de carreteras, ¿PNP y Ministerio Público defienden el estado de derecho en San Martín?

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Esta semana, en la carretera Fernando Belaúnde Terry ha sido bloqueada en Rioja y Picota, generando interrupción del tránsito vehicular y vulnerando un derecho fundamental del ciudadano. El bloqueo de carreteras y el impedimento del libre tránsito son acciones violentistas y sancionadas por nuestras leyes. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿quién o qué autoridad hace respetar las leyes en nuestro país y en nuestra localidad?

Las protestas sociales son necesarias pero sin vulnerar los derechos de otros ciudadanos, algo que debe ser comprendido por los dirigentes de los diferentes frentes de defensa de la región, los mismos que requieren resolver algún conflicto social que no es sinónimo de violencia.

Pero al presentarse este tipo de hechos, existen las autoridades encargadas de mantener el orden, pero la PNP y el Ministerio Público parecen estar de rodillas ante la ilegalidad; y lo decimos porque el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado que tiene como dentro de sus funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos. Al respecto, el prefecto regional, Roberto Navarro Yamunaque, quien cumplió una labor clave en la solución del paro indefinido en Picota nos aclara el panorama con respecto a cómo se debe de proceder en este tipo de situaciones:

Pero la inercia de las autoridades tanto del Ministerio Público y la PNP hace que este tipo de acciones (bloqueos de carretera) se realicen como si nada y muestren que las vías en la región parecieran tierra de nadie; una muestra más de que el Estado claudica ante la ley; no solo en este tema sino además en delitos ambientales, de corrupción, entre otros. Ante esta situación y solucionado el paro indefinido en Picota, el vicepresidente del Frente de Defensa de Picota, Arturo Vega nos explica cómo se logró reabrir la carretera que estuvo bloqueada por un breve tiempo.

Al preguntarle al prefecto regional nuestra inquietud de ¿cómo las autoridades actúan ante una situación, como la ocurrida en Rioja y en Picota? y ¿por qué no se hace respetar el principio de autoridad?, refirió que no trata de justificar las limitaciones con las que cuentan las instituciones para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Finalmente, desde esta humilde trinchera, invocamos a la fiscalía para que en forma conjunta con la Policía Nacional del Perú, realicen el trabajo de mantener el orden ciudadano y evitar que las carreteras sean bloqueadas durante algún paro regional.

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