Por: Karina Pinasco Vela
Este 8 de noviembre será recordado como un día histórico en San Martín y en el mundo, porque mientras en Bonn, Alemania, se viene celebrando la cumbre climática más importante del planeta, la COP 23, donde frenar la deforestación es una urgencia necesaria para la supervivencia, en Tarapoto la sociedad civil, la gente de a pie, los amazónicos que a pesar de nuestro mestizaje de diversas sangres -incluyendo las de etnias amazónicas ya extintas como la mía- salimos a defender el derecho a la VIDA.
La bandera a levantar es el Área de Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera que abastece de agua a más de 300 mil personas, una lucha en la que ya el Tribunal Constitucional en algún momento nos dio la razón y priorizó un servicio ecosistémico fundamental para todo ser vivo: el agua sobre los intereses de una empresa petrolera.
Cordillera Escalera nos necesita ahora y no porque estemos en contra de la justa demanda de territorios de nuestros hermanos kechuas, sino porque si procede la demanda de suspensión del ACR marcaría un terrible precedente para todas las áreas naturales protegidas y otras iniciativas de conservación en el Perú.
Y es que parece que esta demanda es solo el inicio de algo tras bambalinas. Y lo digo porque desde que se inició el proyecto de titulación de tierras para comunidades nativas con el financiamiento de PNUD hace algunos años, han aparecido exigencias de comunidades inexistentes que ahora intentan vulnerar el derecho de todos los peruanos sobre el patrimonio forestal que es de la nación.
Esto viene generando conflictos no solo en Cordillera Escalera, sino en concesiones para conservación como Jardines Ángeles del Sol y El Gran Semacache en la provincia del Huallaga, otorgadas luego de un proceso transparente por el estado el 2012 y 2013, respectivamente. Superpuestas a éstas, por arte de magia están apareciendo comunidades awajun en zonas con derechos adquiridos con anterioridad, comunidades que fueron reconocidas el 2016, sin pasar por el filtro obligatorio de la ARA y dónde, no obstante ser mestizos e incluso migrantes, otros se han comprometido voluntariamente a cuidar bosques para todos los peruanos por 40 años renovables.
En esas zonas nunca existieron comunidades awajun. De acuerdo a las crónicas hubo etnias sí, pero ya están extintas, entre ellas la de mis raíces, pero nunca awajun, por eso es que me esmero en que los bosques se cuiden de verdad. Ya sé, el mensaje que quieren vender a nivel internacional es que solo los pueblos indígenas son los defensores del bosque, pero eso es mentira. La deforestación más fuerte de la región en los últimos 10 años se ha dado en el Alto Mayo y en comunidades tituladas a pueblos indígenas (miren los mapas). Y si vamos a los datos, los más eficientes reduciendo deforestación han sido las comunidades rurales organizadas que asumen compromisos con el Estado de cuidar hasta con su vida las zonas de protección en la figura de concesiones para conservación.
¿Qué intereses hay detrás del proceso de titulación entonces? Sabemos que hay metas nacionales de titulación que deben ser cumplidas para acceder a más fondos internacionales. Ahí está la Declaración Conjunta de Intenciones en el mecanismo de Pago por Resultados que firmó el Perú con Noruega, lo que aplaudimos, pero que se titule lo justo porque los amazónicos merecemos vivir en armonía. Indígenas, mestizos, migrantes, todos amamos nuestra tierra y tenemos la obligación de cuidarla. Y justamente por eso la defenderemos con la VIDA misma.