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miércoles, abril 24, 2024

Nombres de periodistas ligados con la corrupción de Odebrecht deben ser revelados

El Colegio de Periodistas del Perú (CPP) invocó al Poder Judicial y al Ministerio Público a revelar los nombres de periodistas peruanos ligados a los hechos de corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas; a la vez que pidió aplicarles todo el peso de la ley, “en demanda de una profesión digna y con valores”.

Tal invocación fue formulada en la Declaración de Tarapoto, en el marco de la Segunda Asamblea Nacional 2017 de directivos nacionales y decanos de los periodistas de todo el país.

En este evento realizado el 8 y 9 del presente mes en la ciudad de Tarapoto además, se reiteró la preocupación y rechazo de la Orden “a las constantes limitaciones, agresiones y denuncias judiciales que realizan diferentes autoridades y funcionarios públicos contra periodistas de todo el país, con el propósito de evitar nuestra tarea informativa y de fiscalización”.

En tal sentido, se rechazó el juicio iniciado por el expresidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, contra la vicedecana de San Martín, Glenda Mello Pinedo por hacer público un audio que lo compromete con hechos delictivos. Asimismo, se rechazó la medida adoptada por el Congreso de la República en contra del colega Oscar Medrano, de la revista Caretas.

La asamblea del CPP también rechazó la presencia de personas dedicadas al periodismo, “sin formación académica y carentes de ética, a las que solo les interesa generar rating a cualquier precio”.

“Es consecuencia de la Ley 26937, llamada Ley Torres y Torres Lara, que permite a cualquier ciudadano ingresar a esta actividad perjudicando y discriminando a miles de periodistas y comunicadores titulados y a cerca de 12 mil 500 estudiantes matriculados en más de 30 universidades del país”.

Igualmente, la Declaración de Tarapoto calificó como absurda la propuesta legislativa que busca prohibir toda publicidad del Estado en los medios privados; y, por el contrario –se añade–, “consideramos que es una magnífica oportunidad para establecer los mecanismos que permitan una distribución equitativa en todo el país y no solo en aquellos ubicados en la capital o relacionados a determinaos grupos fácticos”.

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