Luego de haber culminado un plantón pacífico frente a la Municipalidad Provincial de San Martín, un grupo de ciudadanos se retiró con evidente malestar al no ser atendidos por las autoridades locales. La protesta fue organizada en rechazo a la reciente decisión de los regidores de aprobar el plan específico que permitiría la habilitación urbana en un área cercana a la laguna Ricuricocha, una medida que ha generado fuerte oposición en diversos sectores de la población.
Tras la manifestación, ocho dirigentes ingresaron al local municipal con la intención de iniciar un diálogo con los regidores y otras autoridades competentes. Sin embargo, otros dos integrantes de la comitiva se quedaron fuera del edificio al no recibir autorización para ingresar, pese a que solicitaban que al menos diez personas participaran del encuentro. El acceso fue restringido por efectivos de la Policía Municipal, miembros del Serenazgo y dos agentes policiales encargados de la seguridad del recinto.
Según la versión brindada por los propios efectivos del orden, habían recibido instrucciones expresas de no permitir el ingreso de más personas, argumentando temas de seguridad. Esta decisión causó incomodidad entre los manifestantes, ya que dentro del grupo había dos abogadas que deseaban conocer más a fondo los aspectos legales de la votación municipal, así como Iván Rojas García, coordinador de los «Eco Guerreros», quien fue uno de los principales organizadores del plantón.
La situación se tensó aún más cuando se produjo un breve altercado verbal entre los dirigentes y el personal de seguridad. A pesar de la insistencia de los manifestantes, no se les permitió el ingreso ni se ofreció una explicación clara sobre cuándo serían recibidos por los regidores. La falta de respuestas motivó que, pasados unos minutos, el grupo decidiera retirarse del lugar visiblemente molesto.
Los ciudadanos manifestaron su indignación por lo que consideran una actitud cerrada por parte de las autoridades municipales. “Es un local público y como ciudadanos tenemos el derecho a ingresar, sobre todo cuando venimos en busca de diálogo”, declaró Rojas García, integrante de la comitiva. También cuestionaron el hermetismo en torno a una decisión que podría afectar un ecosistema importante para la provincia.
Finalmente, los dirigentes reiteraron su compromiso de continuar luchando en defensa de la laguna Ricuricocha, advirtiendo que podrían convocar nuevas acciones de protesta si no se abre un espacio de diálogo transparente. Para ellos, la aprobación del plan específico sin mayor consulta ciudadana constituye un grave retroceso en la protección ambiental del área y un riesgo latente de urbanización descontrolada. Por: Hugo Anteparra
