Entre 2001 y 2023, el Perú perdió más de 3 millones de hectáreas de bosque por la expansión de carreteras en la Amazonía, principalmente en Loreto, Ucayali y San Martín.

Las comunidades amazónicas del Perú siguen enfrentando los efectos de la expansión de infraestructuras viales, un fenómeno que ha acelerado la deforestación en la región. Según datos recientes, entre 2001 y 2023 se perdieron más de 3 millones de hectáreas de bosque, y las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín concentran el 53% de la deforestación relacionada con proyectos viales en el país.

Ante esta situación, las organizaciones indígenas exigen que los proyectos de infraestructura respeten el derecho a la consulta previa, estableciendo un proceso que les permita participar activamente desde la fase de diseño de las obras. Esta solicitud fue abordada en el foro “Conectividad sostenible para el desarrollo”, organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), junto a ORPIO, CORPI SL y ORAU, donde representantes de comunidades indígenas y autoridades estatales coincidieron en la urgencia de reformar los criterios para la inversión pública en infraestructura.

Deforestación y expansión vial

El estudio “Riesgos de Deforestación asociado a infraestructura vial en Loreto, Ucayali y San Martín”, presentado por DAR, muestra una clara correlación entre la expansión de las carreteras y el aumento de la deforestación. Según los datos de Geobosques, las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín han sido las más afectadas, con la construcción de carreteras vecinales y otras infraestructuras que facilitan invasiones ilegales y el avance de actividades extractivas como la minería y el narcotráfico.

Eduardo Rojas, especialista en monitoreo de gases de efecto invernadero, advirtió que el aumento de la deforestación en la Amazonía debilita el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales del Perú, especialmente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. “El incremento de las emisiones asociado a la deforestación es un desafío para cumplir con los compromisos climáticos del país”, señaló Rojas.

El derecho a la consulta previa

Uno de los puntos más destacados del foro fue la denuncia sobre la falta de implementación efectiva del derecho a la consulta previa. Según la Ley 29785, los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados sobre proyectos que afecten sus territorios. Sin embargo, organizaciones como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) señalan que, en muchos casos, los proyectos viales se llevan a cabo sin la debida consulta. Para las comunidades indígenas, la consulta previa no es solo un derecho, sino una herramienta esencial para proteger sus formas de vida y su territorio.

Propuestas para un desarrollo sostenible

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Paola Escobar reconoció la necesidad de actualizar los criterios de inversión pública, que actualmente priorizan la rentabilidad económica sobre otros factores.

En este sentido, las organizaciones indígenas han propuesto que los proyectos viales sean diseñados no solo desde una perspectiva económica, sino también considerando su impacto en el ambiente y en las comunidades. Luis Briceño, representante de la Mancomunidad Regional Amazónica, destacó que es esencial fortalecer la descentralización y promover la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. “La participación activa de las comunidades es clave para lograr un desarrollo sostenible y equitativo”, afirmó Briceño.

Un futuro con garantías para las comunidades

Cristina López, de DAR, resaltó la importancia de una participación efectiva de las comunidades en la formulación de políticas públicas y en la implementación de instrumentos de gestión ambiental. “Una participación real de las poblaciones en la creación de políticas y leyes es fundamental para fortalecer el sistema de gestión ambiental y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la Amazonía”, concluyó López.