En los últimos diez años, el presupuesto destinado a seguridad ciudadana en el Perú aumentó 30%, sin embargo, los niveles de inseguridad continúan en ascenso. Las denuncias por extorsión y homicidio se incrementan cada año, pese al mayor gasto público en el sector.
En 2025, el Estado asignó S/ 6.327 millones al programa orientado a reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. Hasta septiembre, los tres niveles de gobierno ejecutaron el 70% del presupuesto, cifra similar al promedio de la última década (68,3%). Aún quedan más de S/ 2.000 millones sin ejecutar a tres meses de culminar el año.
Según el economista Gustavo Meza, de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), la baja ejecución representa un riesgo para la eficacia del gasto público. “La calidad del gasto no se mide solo por cuánto se ejecuta, sino por el impacto que genera cada sol invertido”, señaló.
Entre junio de 2018 y junio de 2025, las denuncias por extorsión pasaron de 3 a casi 76 por día, mientras que, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), cada cuatro horas una persona es víctima de homicidio en el país.
El especialista advirtió que el 89% del presupuesto en seguridad se destina a sueldos y salarios, y solo el 11% se usa para infraestructura, videovigilancia y equipamiento policial. “Sin condiciones adecuadas para el personal y sin inversión en prevención, es difícil mejorar la seguridad”, indicó Meza.
