“Se nota que no quieren resolver y están tratando de desinformar, el pedido de Ciudadpolis carece de fundamento jurídico” abogada Cristina Del Águila
La abogada cuestiona la falta de acción y coordinación entre entidades como la Dirección Regional de Vivienda, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Huallaga y la propia Municipalidad Provincial de San Martín, señalando que se excusan en la falta de competencia o información para no pronunciarse sobre el proyecto inmobiliario en la laguna de Ricuricocha.
En declaraciones al Matutino de Radio Tropical, la abogada Cristina Del Águila criticó duramente la actitud de diversas instituciones respecto al caso Ricuricocha, calificando como preocupante que la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Huallaga y la Dirección Regional de Vivienda manifiesten que no tienen competencia para pronunciarse sobre el tema.
“Hemos revisado los informes remitidos a la Comisión de Asuntos Legales y Administración, liderada por el regidor Gilbert Escudero, y encontramos documentos muy valiosos, como el del Colegio de Ingenieros del Perú, que concluye que la ordenanza municipal en cuestión es un acto nulo de pleno derecho. Esta conclusión, además, coincide con observaciones de la Contraloría General de la República”, señaló.
La abogada expresó su sorpresa por el cambio de postura de la Dirección Regional de Vivienda, recordando que en la gestión anterior esta entidad lideró el proceso de coordinación entre las municipalidades de Morales y Tarapoto para frenar proyectos inmobiliarios en la laguna de Ricuricocha.
“Nos sorprende que ahora digan que no tienen competencia. En la gestión pasada fueron ellos quienes impulsaron la instalación de hitos y el diseño de un plan específico para la laguna”, agregó Del Águila.
También cuestionó la respuesta de la AAA Huallaga, que se negó a emitir opinión técnica ni jurídica alegando falta de información.
“Si el municipio no ha remitido estudios sobre nivel freático, faja marginal o dinámica hídrica del humedal, eso demuestra que el expediente está incompleto. Pero la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya cuenta con informes técnicos sobre el tema. La AAA pudo haber usado esa información. Cuando no quieren ‘complicarse la vida’, simplemente dicen que no tienen competencia”, sostuvo.
“Una misma institución actúa como si fueran islas distintas”
Del Águila cuestionó también la descoordinación interna en la Municipalidad Provincial de San Martín, señalando que la Gerencia de Medio Ambiente recién ha emitido un informe advirtiendo que los permisos residenciales podrían alterar los recursos hídricos y el ecosistema de la laguna.
“¿Por qué esta opinión llega después de que la Comisión de Desarrollo Local ya emitió su dictamen? ¿Por qué la Comisión de Medio Ambiente no pidió esa opinión antes? Es increíble que una misma institución funcione como si fueran islas distintas”, enfatizó.
Asimismo, mencionó que el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación Local envió un oficio a la alcaldesa solicitando convocar una reunión para tratar el tema con la seriedad que merece, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
“Ese documento es de septiembre y no ha tenido ninguna respuesta. La alcaldesa no ha convocado a reunión”, afirmó.
“El pedido de Ciudadpolis carece de fundamento jurídico”
En otro punto de la entrevista, la abogada se refirió al pedido del gerente general de la franquicia Ciudadpolis, quien solicitó la suspensión temporal del procedimiento que tramita la Comisión de Asuntos Legales y Administrativos respecto a la derogatoria o nulidad de la Ordenanza Municipal N.º 022.
“Ese pedido busca dilatar el proceso. La municipalidad tiene competencia exclusiva sobre el acondicionamiento territorial, según la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo tanto, puede aprobar, modificar o derogar ordenanzas por razones de ilegalidad o interés público sin esperar resoluciones judiciales”, explicó.
Añadió que mientras no haya una orden judicial que disponga lo contrario, el municipio debe continuar corrigiendo lo que está mal desde el inicio, amparado en informes técnicos que ya declararon la invalidez de los actos que originaron la ordenanza.
“Información incompleta y respuestas evasivas”
Del Águila reveló que la Municipalidad Provincial de San Martín no habría entregado toda la información a las instituciones que debían emitir opinión técnica.
“Hemos revisado con la abogada Angie Coronel y constatamos que, por ejemplo, a la Asociación de Abogados de San Martín sí se le remitió un enlace con la documentación completa, pero a otras entidades no. Incluso encontramos un documento desconocido en los expedientes: un plan de trabajo de audiencia pública vecinal”, detalló.
Según la abogada, varios colegios profesionales, como el Colegio de Biólogos, respondieron que no podían emitir opinión técnica por falta de información, lo que demuestra que los documentos se entregaron de manera parcial o selectiva.
“Parece que están dosificando la información a conveniencia. Eso es grave, porque incluso los regidores han denunciado lo mismo”, agregó.
“Más vale el interés particular que el público”
Para Del Águila, la actitud de algunas autoridades y entidades sugiere una falta de voluntad para resolver el problema de fondo.
“Se nota que no quieren resolverlo. Están tratando de desinformar y alegar carencia de datos para evitar decisiones. Si la municipalidad no actúa, la Contraloría, el Ministerio Público y los juzgados deberán hacerlo”, advirtió.
La abogada lamentó que se prioricen intereses particulares por encima del bien común: “Parece que más vale el interés particular que el interés público, y eso contradice la Constitución y los tratados internacionales sobre protección ambiental. La crisis climática es real y no se puede seguir actuando con indiferencia”, sentenció.
Comisión de Asuntos Legales debe pronunciarse en noviembre
Finalmente, Del Águila informó que el regidor Gilbert Escudero —presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Administrativos— anunció que presentará su informe durante la sesión ordinaria de noviembre, posiblemente en la primera semana del mes.
“Ya tienen toda la información necesaria para pronunciarse. Los informes son contundentes: la ordenanza es inválida desde su origen. Solo falta voluntad para corregirla” concluyó.
