Las protestas en la Universidad Nacional de San Martín (UNSM) volvieron a cobrar fuerza ayer por la mañana, cuando docentes y trabajadores administrativos realizaron un plantón en el frontis del local central donde funciona la rectoría, en Tarapoto. La movilización, que inició con una marcha desde el distrito de Morales, busca exigir atención inmediata a su plataforma de lucha, debido a que, desde el inicio de la huelga, no han recibido informes ni avances sobre sus demandas salariales y laborales.

La medida forma parte de una jornada nacional de protestas impulsada por los trabajadores universitarios del país. En este contexto, el profesor Roberto Esteban Sánchez Colina, dirigente del sindicato de docentes, explicó que la huelga nacional indefinida fue retomada el 10 de noviembre, luego de que el gobierno incumpliera los acuerdos firmados en 2023 para el incremento progresivo de sueldos. Asimismo, expresó preocupación por la posible reducción del presupuesto destinado a las universidades públicas, lo que según dijo afectaría gravemente la calidad educativa.

A la manifestación se sumaron los gremios SIDUNSAM, SIRDUSAM y ADUSAM, además de numerosos docentes que mostraron su respaldo a los trabajadores administrativos que también reclaman mejoras salariales. Los manifestantes coincidieron en que el deterioro de las condiciones laborales afecta directamente el desarrollo académico y la estabilidad institucional.

Como parte de las acciones de lucha, se anunció para el próximo martes una marcha institucional que congregará a autoridades, docentes, trabajadores y estudiantes. La movilización partirá desde la ciudad universitaria y recorrerá diversas calles de Tarapoto, en rechazo a los posibles recortes presupuestales que afirman pondrían en riesgo el funcionamiento de la UNSM.

Finalmente, Sánchez Colina señaló que los gremios esperan la pronta instalación de una mesa de diálogo entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y los representantes universitarios.

También instó al Congreso de la República a reconsiderar cualquier medida que afecte el financiamiento de la educación pública, recordando que la estabilidad presupuestal es fundamental para garantizar una universidad al servicio de la sociedad.