El Congreso de la República inició un nuevo proceso para adquirir 4,500 tarjetas electrónicas de consumo, destinadas a parlamentarios y trabajadores como aguinaldo por Navidad y Año Nuevo. El beneficio —incluido en los convenios colectivos vigentes— tendrá este año un costo total de S/ 8.5 millones, a pesar de la baja aprobación ciudadana y de las reiteradas críticas por los gastos internos del Legislativo.
Cada tarjeta tendrá un valor de S/ 1,900, y será la última entrega navideña que realizará el actual Parlamento antes de culminar su periodo. Documentos revisados por Cuarto Poder evidencian que este beneficio no solo se mantiene, sino que se ha encarecido progresivamente. En los últimos tres años, el Congreso ha destinado más de S/ 24 millones exclusivamente para estas tarjetas, pese a los constantes anuncios de austeridad institucional.
La nueva compra reaviva el debate sobre el uso de recursos públicos en una entidad frecuentemente cuestionada por contrataciones irregulares, presuntos excesos y decisiones legislativas controvertidas. Para el analista político Iván García, la continuidad de estos aguinaldos “refleja la desconexión del Parlamento con la situación económica del país y con su deteriorada imagen ante la ciudadanía”.
Estas tarjetas se suman al paquete de ingresos que los congresistas recibirán en diciembre, mes en el que su remuneración total —entre sueldo, gratificación, asignaciones y bonificaciones— ascenderá a S/ 46,900. Pese a ello, algunos legisladores defienden el aguinaldo, asegurando que se trata de un beneficio “formal” y equiparable al de otros trabajadores del Estado.
Las críticas, sin embargo, van más allá del aguinaldo. El exministro de Economía Luis Miguel Castilla advirtió que el Congreso opera sin límites claros en su gasto interno, lo que permite que los beneficios aumenten cada año sin mecanismos efectivos de control. A ello se suma que la Mesa Directiva ya inició la conformación de una nueva comisión negociadora para el convenio colectivo que entrará en vigencia en 2026, el cual podría incrementar aún más las asignaciones especiales para parlamentarios y personal legislativo.
