La institucionalidad en peligro: fallas del Ministerio Público que afectan el acceso a la justicia en el Perú
La infraestructura del Ministerio Público atraviesa una crisis marcada por la baja ejecución presupuestal, la deficiente gestión de proyectos y la falta de inversión en modernización. Estas debilidades afectan directamente la capacidad del sistema para garantizar un acceso oportuno a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.
Uno de los problemas más graves es la incapacidad para ejecutar los recursos destinados a mejorar su infraestructura. A ello se suma que el 87% de los proyectos presentan errores en los expedientes técnicos, lo que obliga a devolver fondos al Tesoro Público y paraliza obras esenciales. La falta de planificación, los cambios constantes de funcionarios y la ausencia de liderazgo agravan la precariedad institucional.
Las consecuencias se reflejan en edificios deteriorados, ambientes inadecuados, ausencia de salas especializadas y carencia de equipos tecnológicos básicos, limitando el trabajo de los fiscales y afectando la atención al ciudadano. Esta situación incrementa la desconfianza pública y deriva en pérdida de recursos.
Las deficiencias impactan con mayor fuerza en zonas pobres, donde fallas en la etapa de investigación —especialmente en delitos contra la vida y la salud— restringen el derecho a una justicia efectiva. A ello se suma un clima de pugnas internas y disputas políticas por el control de la Fiscalía de la Nación, que han expuesto la fragilidad institucional y generado denuncias, procesos disciplinarios y tensiones entre altos fiscales.
Mientras tanto, la Autoridad Nacional de Control advierte que la falta de presupuesto y personal limita su capacidad para supervisar y sancionar irregularidades dentro del Ministerio Público.
En conjunto, la crisis no solo es física, sino también funcional y política. El deterioro institucional del Ministerio Público constituye un riesgo para el Estado de derecho y demanda una reforma integral que le devuelva estabilidad, autonomía y capacidad operativa.
El Ministerio Público gasta más de S/ 351 millones en alquileres en el país mientras la infraestructura colapsa
En el caso del Distrito Fiscal de San Martín, la ejecución destinada a alquileres sumó S/ 8’048,541 en los seis años analizados.
Intentamos obtener la versión del Dr. León Estrella, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, pero no fue posible. Diario Voces mantiene abiertas sus puertas y canales para sus descargos.
A pesar de las constantes quejas sobre la precaria infraestructura donde operan las fiscalías del país, el Ministerio Público ha destinado en los últimos seis años un total de S/ 351’265,494 exclusivamente para el pago de alquiler de edificios, según información de Transparencia Económica del MEF a la que accedió este medio. El dato revela una brecha estructural que no ha sido atendida mediante proyectos de inversión destinados a construir locales propios.
El gasto se concentra en la Gerencia General, que por sí sola acumuló S/ 274 millones entre los años fiscales 2020 y 2025, seguida de otras gerencias administrativas distribuidas en regiones como Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Piura, San Martín y Amazonas. Esta última, según el análisis, es la que menos incremento presupuestal tuvo en el periodo, con apenas 4.32%.
Los casos más llamativos son los de los distritos fiscales que sí registraron un marcado crecimiento en sus gastos de alquiler: Cusco (118.19%), Lambayeque (118.08%) y Arequipa (104.68%). Crecimientos por encima del 100% que contrastan con la ausencia de planes concretos para reemplazar los espacios arrendados por infraestructura institucional propia.
Uno de los saltos más bruscos se dio en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo presupuesto para alquileres aumentó nada menos que 1,260.18% en este periodo. El organismo pasó de un gasto de S/ 387 mil en 2020 a más de S/ 5.2 millones para el año 2025.
En el caso del Distrito Fiscal de San Martín, la ejecución destinada a alquileres sumó S/ 8’048,541 en los seis años analizados. Pese a ello, las sedes del Ministerio Público en la región siguen siendo señaladas por su precariedad, incomodidad y falta de mantenimiento. Fiscales, trabajadores y usuarios coinciden en que las condiciones materiales afectan directamente el acceso a la justicia y la seguridad laboral.
La falta de infraestructura propia no solo genera gastos crecientes, sino también dependencia de contratos temporales, mudanzas recurrentes y espacios improvisados que dificultan la atención al público. A esto se suma la baja ejecución de proyectos de inversión en la institución, un problema que ha sido materia de reiteradas observaciones por parte de órganos de control y del propio Ministerio de Economía.
Como parte de este reportaje, Diario Voces buscó la versión del Dr. León Estrella, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de San Martín, con el objetivo de conocer la perspectiva institucional, las razones de la falta de proyectos de infraestructura y las acciones previstas para corregir esta situación. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta, pese a las reiteradas gestiones realizadas.
Este medio deja expresa constancia de que las puertas y los canales de comunicación permanecen totalmente abiertos para recoger sus descargos o la explicación oficial que la institución considere pertinente brindar.
