Lo que ocurre hoy en el cerro ubicado frente al parque del Amor en Picota es la confirmación de un problema anunciado y evitado por nadie: el avance de lotizaciones sin control, la ausencia de planes de desarrollo urbano y la persistente permisividad de las autoridades para habilitar viviendas en zonas de riesgo. El deslizamiento registrado en esta ladera —producto de la deforestación y de intervenciones irregulares sobre un terreno frágil— revela el nivel de vulnerabilidad al que ha sido expuesta la ciudad.

Vecinos consultados en la zona advierten que la situación podría agravarse con la llegada del invierno. “Esto se va a poner peor”, alertan, señalando la inestabilidad del cerro luego de la remoción de cobertura vegetal. Piden que la municipalidad declare el área como zona de protección intangible, pues consideran que la única salida es frenar cualquier tipo de proyecto inmobiliario antes de que ocurra una tragedia.

La pregunta central es cómo se autorizó la factibilidad del proyecto que detonó este daño ambiental y estructural. “No sé quién pudo dar la factibilidad de ese proyecto de inmobiliaria”, cuestionan los vecinos. Y el reclamo se amplía a las entidades que deberían fiscalizar este tipo de intervenciones: Municipalidad Provincial de Picota, Autoridad Regional Ambiental y Autoridad Nacional del Agua. Ninguna ha dado una respuesta clara. Ninguna ha presentado públicamente una denuncia. Ninguna ha asumido responsabilidad.

Especialistas consultados recuerdan que este no es un caso aislado. En diversas provincias de San Martín – Tarapoto, Moyobamba, Rioja, Bellavista, Lamas, Nueva Cajamarca o la misma Picota— proliferan urbanizaciones informales, lotizaciones vendidas por privados sin estudios de suelo, asentamientos en laderas inestables y proyectos que nacen sin drenaje, sin accesos adecuados y sin previsión de riesgos.

La razón: la mayoría de municipios no cuenta con Planes de Desarrollo Urbano (PDU) o estos están desactualizados hace más de una década. Y lo más preocupante: tampoco aparecen como prioridad en los planes de gobierno de los futuros candidatos para las elecciones municipales del 2026.

El resultado es un crecimiento urbano improvisado, donde los permisos se otorgan sin rigor técnico, donde los fiscalizadores no intervienen y donde las instituciones responsables parecen mirar hacia otro lado. “Son las consecuencias de tanta deforestación y de que nuestras autoridades lo permiten”, sostienen los lugareños, quienes temen que, de continuar así, todo Picota termine afectado por deslizamientos, anegamientos o colapsos estructurales.

Frente a este escenario, la ciudadanía exige que la Fiscalía Ambiental y la Fiscalía de Prevención del Delito actúen de oficio, no solo para determinar responsabilidades, sino para impedir nuevos daños y salvaguardar vidas humanas. La historia reciente de la región demuestra que las advertencias nunca llegan a tiempo y que, cuando la respuesta institucional es tardía, la naturaleza termina cobrando la factura del desorden.

Lo ocurrido en Picota debe ser una alerta roja: no se trata de un hecho aislado, sino del reflejo de una región que crece sin planificación y de autoridades que aún no asumen la urgencia de ordenar el territorio. El cerro frente al parque del Amor es hoy la evidencia visible de un problema estructural que, si no se enfrenta, seguirá poniendo en riesgo a miles de familias en toda la región San Martín.