El Perú enfrenta un problema persistente: un Estado que crece sin mejorar sus servicios, mientras la regulación se vuelve cada vez más compleja, lenta y costosa. A pesar de reformas anunciadas, continúan más gerencias, más trámites y más poder sancionador, lo que afecta directamente a ciudadanos y empresas. El resultado es un aparato estatal que se expande, pero la claridad de las reglas y la calidad de atención no avanzan al mismo ritmo.
El problema es estructural: existen entidades que duplican funciones, normas que se contradicen y autoridades con alto poder sancionador. Aunque el Estado debe regular para promover la competencia, cuando las reglas son excesivas terminan cerrando el mercado, elevando los costos de entrada y desincentivando nuevos emprendimientos.
Hoy, muchos ciudadanos sienten que el sistema está diseñado para sostener planillas antes que resolver problemas reales. Por ello, urge simplificar normas, reducir duplicidades administrativas y poner límites claros al poder sancionador, evitando arbitrariedades y agilizando trámites.
Menos planilla y menos burocracia que justificar
Una de las fallas más evidentes es la proliferación de entidades que realizan tareas similares, lo que incrementa la planilla pública y multiplica trámites. Sectores como transporte, comercio o construcción enfrentan licencias municipales paralelas a inspecciones de Produce, Minsa o Minam, generando procesos lentos y repetitivos.
Incluso programas sociales como Qali Warma, Juntos o Cuna Más mantienen estructuras administrativas separadas pese a que varias de sus tareas podrían integrarse.
Este crecimiento tiene un impacto directo en el presupuesto: para 2026, el Estado proyecta más de S/ 93 mil millones en planillas, un aumento de 12%, mientras la inversión en obras caerá en 13%. La desproporción muestra un Estado que prioriza su propio tamaño antes que su eficiencia.
Menos normas y un laberinto administrativo más simple
El país produce una avalancha de normas que se superponen: ministerios, municipalidades y organismos crean disposiciones que muchas veces son incompatibles. Ordenanzas locales exigen “certificados adicionales” o formatos propios incluso cuando ya existen requisitos nacionales, lo que obliga a los emprendedores a cumplir reglas redundantes.
La tramitología también es excesiva. Según el Índice de Burocracia 2025, abrir y poner en marcha una empresa puede tardar hasta 9 meses. Esto empuja a muchos —especialmente al 80% de MYPES informales— a evitar la formalidad. Además, más del 90% de estas empresas identifica la carga tributaria y la fiscalización como barreras centrales.
Simplificar impuestos, eliminar normas municipales redundantes y ampliar el uso de ventanillas digitales serían pasos urgentes para aliviar un sistema que hoy castiga más de lo que orienta.
Un Estado con menos poder arbitrario frente al ciudadano
La relación entre ciudadano y autoridad fiscalizadora sigue siendo desigual. SUNAFIL recibió más de 56.800 denuncias en el primer semestre de 2025, pero no todos estos procedimientos se sustentan adecuadamente. Un ejemplo es el caso de TEIR S.A.C., multada por más de S/ 113 mil pese a que el Tribunal de Fiscalización Laboral detectó graves fallas: verificaciones mal explicadas, análisis incompleto de documentos y conclusiones sin sustento suficiente. La sanción fue anulada.
Estos casos evidencian que SUNAFIL puede imponer multas de hasta S/ 281 mil, incluso cuando el procedimiento está mal sustentado. Para equilibrar esta relación, se necesitan reglas más justas: presunción de buena fe, pruebas suficientes antes de sancionar, opciones para subsanar errores formales y procesos de apelación más rápidos.
Solo así la fiscalización dejará de percibirse como un castigo automático y se convertirá en un sistema que protege al ciudadano sin ahogar al emprendimiento.
Fuente: Vigilante.pe
