Las próximas elecciones llegan bajo la amenaza creciente de grupos ilegales que buscan no perder el control. Solo un voto consciente e informado puede defender la libertad y la democracia.

La minería ilegal avanza en el Perú a un ritmo descomunal. Hace dos décadas, la exportación de oro legal superaba a la ilegal en 190 toneladas, pero hoy la diferencia es de apenas tres. Aun así, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha vuelto a ampliar la vigencia del REINFO y reincorporar más de 50 mil registros previamente excluidos. En un contexto de expansión de economías ilícitas y creciente inseguridad, el país necesita que sus autoridades definan con claridad su posición frente a esta actividad criminal y actúen en consecuencia.

El fracaso del REINFO

La política de formalización minera ha fracasado, y el principal responsable es el REINFO, cuyas sucesivas prórrogas han servido como salvavidas para la minería ilegal y no como una ruta real hacia la formalidad. A ello se suma la falta de prioridad del Ejecutivo: en la última década, el programa Formalización Minera de la MAPE, a cargo del Minem, contó con un presupuesto promedio de apenas S/ 25 millones anuales. Para el 2026, según el proyecto de ley de presupuesto, recibiría solo S/ 14 millones, una reducción de 60% respecto del 2019 en términos reales.

Ampliar nuevamente el REINFO sin medidas integrales solo extiende el problema. Reincorporar a los más de 50 mil registros excluidos en julio significa legitimar la operación de miles de mineros informales e ilegales, incluso en zonas donde toda actividad minera está prohibida. Estimaciones del IPE, basadas en información del Minem y del Ingemmet, revelan que al menos 13 mil REINFO operaban en áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y otras zonas restringidas. Tras la depuración, 3,685 permanecen activos y se ubican, por ejemplo, en la Reserva de Tambopata (Madre de Dios), el río Chira (Piura) y las Líneas de Nazca (Ica). La cifra podría ser mayor: 6,483 registros aún no cuentan con una ubicación geográfica declarada.

Una cadena opaca que crece sin control

Las continuas ampliaciones del REINFO no solo desvirtuaron su propósito original, sino que abrieron una puerta para que oro ilegal ingrese al circuito formal. Este fenómeno ocurre justamente cuando el precio internacional del metal alcanza niveles históricos: más de US$ 3,190 por onza en lo que va del año, 2.5 veces el promedio del quinquenio 2015–2019.

Este entorno ha impulsado la aparición de nuevos actores dedicados a la comercialización del oro en un sistema con mínima trazabilidad y escasa supervisión. Hoy existen casi 14 mil registros de empresas comercializadoras y procesadoras, 3.5 veces más que en 2015. Solo la mitad tiene RUC. Puno concentra el 44%, seguida de Lima (30%) y Arequipa (8%), regiones que también lideran en registros REINFO.

La desproporción es aún más evidente en el eslabón exportador. Entre 2005 y 2025, las empresas formales con producción de oro registrada ante el Minem apenas pasaron de 198 a 274 (un crecimiento de 1.4 veces). En contraste, las empresas exportadoras pasaron de 34 a más de 1,250, un incremento de más de 37 veces, especialmente acelerado desde 2021. La señal es clara: el sistema permite que oro sin origen verificable salga del país como si fuera legal.

El impacto en la seguridad: un país a merced del crimen organizado

El avance de la minería ilegal está estrechamente vinculado a actividades criminales como el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato, la extorsión y el comercio de productos falsificados. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, el Perú lidera, junto con Colombia y Venezuela, el alcance de la minería ilegal en Sudamérica.

Frente a este panorama, el presupuesto destinado a la lucha contra la minería ilegal ascendería a S/ 178 millones en 2026, un incremento de 41% respecto de 2025. Sin embargo, la cifra es engañosa: el aumento se explica casi por completo por S/ 92 millones adicionales asignados a “acciones comunes” del Ministerio de Defensa. Las actividades de erradicación y detección temprana, que son las más efectivas, se reducen en 33%. Lo que el país necesita es cerrar definitivamente el REINFO y pasar del discurso a la acción. Ese es el liderazgo que se espera del gobierno de transición.

 “La bancada más poderosa del Congreso es la de la minería ilegal”

El economista y periodista Augusto Álvarez Rodrich sostiene que la actual composición del Congreso está profundamente comprometida con los intereses de la minería ilegal. Asegura que el Parlamento, con contadas excepciones, se ha convertido en “cómplice” de una actividad íntimamente ligada al crimen organizado. “Mucho de la extorsión y del sicariato se origina ahí”, advierte.

Afirma que, más allá de las bancadas formales, existe una mayoría oculta: “La bancada parlamentaria más importante es la de la minería ilegal, esparcida en casi todos los partidos”. Menciona que APP, Fuerza Popular, Somos Perú, Podemos Perú y Renovación Popular suelen votar sistemáticamente a favor de este sector. “Este Congreso rara vez supera los 60 o 70 votos, pero cuando se trata de apoyar a la minería ilegal alcanzan 90 votos”, señala. Añade que muchos congresistas actuarían como “asalariados de la minería ilegal” o esperarían recibir financiamiento para sus campañas.