El Poder Judicial condenó este miércoles a Martín Vizcarra Cornejo a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, al concluir que el exmandatario solicitó y recibió sobornos vinculados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional. La sentencia fue emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, tras valorar pruebas consideradas contundentes, coherentes y corroboradas.
El tribunal estableció 6 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y 8 años por el Hospital de Moquegua, luego de acreditar que Vizcarra pidió el 2% del valor del proyecto Lomas de Ilo, parte de los S/ 80 millones de inversión. Los jueces resaltaron que testimonios clave —como el de Elard Tejeda— confirmaron pagos ilícitos entregados en sobres manila y respaldados por retiros bancarios, registros de llamadas y reuniones presenciales con ejecutivos de las empresas implicadas.
Entre las pruebas más relevantes, se verificó que Tejeda entregó S/ 400 mil y S/ 600 mil en sobres A-3, montos que un análisis físico-químico confirmó que podían ser transportados de esa manera, desvirtuando un argumento central de la defensa. También se corroboró que Obrainsa retiró S/ 400 mil en efectivo el 24 de enero de 2014, dinero que llegó al testigo, y que hubo comunicación constante entre Obrainsa, ICCGSA y la empresa CyM Vizcarra.
El tribunal también desmontó la versión del exmandatario sobre su ubicación en fechas clave. Aunque la defensa sostuvo que Vizcarra estaba en Moquegua, la sala concluyó que los documentos presentados no tenían fecha cierta, mientras que otros testimonios y registros confirmaron su presencia en Lima durante entregas de dinero. Además, se dieron por acreditadas reuniones con Fernando Castillo, gerente general de ICCGSA, en La Molina.
Otro punto decisivo fue aclarar que UNOPS solo recomendaba en el proceso de adjudicación, mientras la decisión final recaía en el Gobierno Regional de Moquegua, encabezado por Vizcarra. Testigos confirmaron que el exgobernador controlaba directamente los presupuestos y decisiones del Proyecto Especial Pasto Grande.
Los elementos que más pesaron en la condena fueron los testimonios sobre entregas en sobres, los retiros bancarios, las llamadas telefónicas entre las empresas implicadas y CyM Vizcarra, las reuniones en Lima y las contradicciones en la versión del exmandatario. Con ello, el tribunal concluyó que “se ha acreditado responsabilidad penal en los dos hechos imputados”.
Tras el fallo, corresponde esperar si la defensa apelará. De ser así, el caso pasará a una sala superior. Mientras tanto, la condena se convierte en uno de los episodios más relevantes del caso Lava Jato en el Perú, marcando un nuevo precedente en las investigaciones por corrupción de alto nivel.
