La población de San Lorenzo, capital de la provincia Datem del Marañón, realizó ayer un paro preventivo de 24 horas en respaldo a los pueblos quechuas del Pastaza, que luchan porque se respete sus derechos como a la consulta previa para operar el Lote 192.
El paro fue convocado por el Frente de Defensa y Desarrollo de Datem del Marañón, organización que advierte que si el Ejecutivo no hace caso la demanda de los pueblos indígenas, ellos también se volcarán a una huelga, pues tienen su propia plataforma de lucha.
Datem, exige que el Ministerio de Economía, otorgue a la municipalidad provincial, el 30 por ciento de canon petrolero, por ser zona productora.
También la construcción e implementación de un moderno hospital en San Lorenzo, y se declare en emergencia la margen izquierda del río Marañón, que afectan a San Lorenzo, por las erosiones permanentes, destruyendo calles, casas, y otros patrimonios.
El Frente de Defensa, exige titulación de tierras e integración vial entre San Lorenzo y Saramiriza, pasando por Nauta, y que la Subregión de Datem, sea unidad ejecutora, y no rendidora, como es en la actualidad.
Asimismo, la creación de una universidad intercultural y medioambiental en San Lorenzo, interconexión a la red energética, Moyobamba –Iquitos-trompeteros, mejoramiento del aeródromo de San Lorenzo, estudio y diagnóstico sobre la presencia de metales en las personas, entre la solución de otras necesidades.
Datem del Marañón, ha sido creada como provincia, mediante Ley 28593, promulgada en agosto de 2005, desmembrándose de la provincia de Alto Amazonas.
Mediante esa ley también se crea el distrito de Andoas, donde se encuentra el lote petrolero más grande del país, que ha sido explotado por más de 40 años, dejando a lo largo de los años, miseria, pobreza, y contaminación ambiental, por lo que hoy luchan los pueblos indígenas para su remediación.
Las organizaciones indígenas, como la Federación de Pueblos Achuar y Urarinas del Río Corrientes (FEPIAURC), la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (Feconat), y la Organización Indígena del Alto Pastaza (ORIAP), han otorgado un plazo de 48 horas al Ejecutivo, que vence hoy, para que implemente una mesa de diálogo, en el mismo lugar del conflicto, con la finalidad de atender las demandas de los pueblos indígenas, como es el caso del pago por concepto de indemnización por la contaminación ambiental. (Roger Torres)
