La Contraloría General advirtió que en el sector Barranco Tumino 2, en la provincia de Moyobamba, persiste un alto riesgo de colapso de viviendas que afecta a 14 familias, debido a la erosión del terreno ocasionada por lluvias y canales de desfogue que desembocan en la quebrada Azungue. Aunque el gobierno local instaló un enrocado temporal, este colapsó, dejando nuevamente expuesta la zona.

En marzo de este año, la erosión provocó el derrumbe de una casa, la demolición de otra y la pérdida de pista y vereda en la cuadra 10 del jirón Iquitos, lo que obligó a reubicar a familias damnificadas. Desde entonces, el peligro continúa, por lo que la Contraloría exhortó a las autoridades regionales y locales a tomar acciones inmediatas para prevenir una tragedia. Vecinos y Defensa Civil han reportado rajaduras en paredes y hundimiento de bases en otras viviendas del área.

La Municipalidad Provincial de Moyobamba cuenta con un proyecto de inversión de S/ 3 millones para reparar vías de acceso y construir alcantarillado pluvial, un talud y un muro de contención en la zona afectada; sin embargo, el presupuesto aún no está disponible.

Durante el operativo, también se detectó agua estancada en el área, lo que genera un ambiente propicio para la proliferación de mosquitos del dengue, afectando a familias cercanas y a niños que estudian en un centro de educación inicial próximo.

En el distrito de Soritor, el equipo auditor identificó un botadero municipal sin tratamiento sanitario, donde la basura se encuentra al aire libre, en descomposición y con lixiviados en contacto con el suelo, lo que podría contaminar afluentes de agua. Personal del OEFA confirmó que no existe monitoreo municipal para determinar la cantidad de residuos acumulados desde 2018 en las tres hectáreas del botadero.

La Contraloría también supervisó la morgue de Moyobamba, donde se evidencian rajaduras en paredes, hundimiento de piso, falta de equipamiento, carencia de reactivos y presupuesto insuficiente para el adecuado manejo de residuos de necropsias.

Asimismo, en el establecimiento penitenciario de Moyobamba se verificó hacinamiento, falta de personal del INPE, cámaras y reflectores inoperativos, y torreones sin vigilancia, situaciones que requieren atención urgente.

Para este operativo, la Contraloría desplegó un equipo de 82 auditores multidisciplinarios en la región San Martín, quienes supervisarán 40 entidades públicas con un presupuesto total que supera los S/ 647 millones, evaluando la calidad de los servicios en sectores como Salud, Educación, Transportes, Ambiente, Justicia y Seguridad, especialmente en beneficio de la población más vulnerable.