El presidente del Frente Cívico de Defensa de los Intereses de San Martín, Roger Heredia Núñez, informó que han iniciado acciones legales en Lima contra cuatro magistrados de la Corte Superior de Justicia de esta región, a quienes acusan del presunto delito de prevaricato. La denuncia se sustenta en que los jueces no resolvieron la demanda presentada contra la obra de la Avenida La Peruanidad, ejecutada por la Municipalidad Provincial de San Martín, y que habrían emitido resoluciones basadas en un proyecto de ley y no en una norma aprobada.
Según Heredia, los jueces denunciados, Mónica Pomajambo Zambrano, Juan Diego Montenegro Muguerza, Ángel Julio Gonzales Yovera y Santiago Moreno Pita, no emitieron un pronunciamiento de fondo sobre la acción de amparo presentada el 11 de diciembre de 2024. Ocho meses después, el caso continúa sin resolución definitiva, lo que motivó la presentación de dos resoluciones: la número 7 del Segundo Juzgado y la número 8 de la Sala Civil.
En ambas resoluciones, indicó el dirigente, se hace referencia a un proyecto de ley, lo que, a su juicio, vulnera el principio de legalidad, ya que las decisiones judiciales deben sustentarse en leyes aprobadas y promulgadas, no en propuestas legislativas aún no vigentes. “Los jueces tienen que actuar con leyes en vigencia, no con proyectos”, enfatizó.
La denuncia será presentada este viernes 15 de agosto ante la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, la Comisión de Constitución del Congreso y el Órgano de Control del Poder Judicial. El objetivo, según Roger Heredia, es que estas instancias evalúen la conducta de los magistrados y determinen si incurrieron en faltas graves que ameriten sanción.
El Frente Cívico de Defensa de los Intereses de San Martín sostiene que la obra de la Avenida La Peruanidad presenta cuestionamientos técnicos y legales, motivo por el cual buscan su paralización. Sin embargo, afirman que la falta de respuesta judicial oportuna ha prolongado el conflicto y debilitado la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia regional. Por: Hugo Anteparra