El candidato a la consejería regional de San Martín por el Partido Aprista Peruano, Ing. Olgar Grández, prometió que en un eventual gobierno de Mardoni del Castillo y él como consejero regional se cumplirá con el pago de la deuda social a los trabajadores del sector público, que, por muchos años, el Estado les debe.
Indicó que, como consejero regional, exigirá al gobernador regional y los funcionarios para que, haciendo uso de las normas, se gestione recursos para el pago de esta deuda histórica.
Explicó, los recursos económicos para el pago de la deuda social se adquiere a través del Presupuesto Inicial de Apertura – (PIA) que corresponde el 5 por ciento; asimismo de los recursos que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF a los gobiernos regionales para el pago de la deuda, que el presente año fue de 200 millones de soles para todas las regiones, correspondiéndole a San Martín 13 millones.
El otro rubro de financiamiento debería ser de los saldos presupuestales de cada año, para evitar que los gobiernos regionales devuelvan dinero al tesoro público. Recordó que el año pasado el gobierno regional de San Martín devolvió 150 millones de soles, debiendo ser utilizadas en el pago de la deuda social.
Indicó que existen trabajas legales que no permiten el uso de este dinero en otros rubros, empero, sí a nuestras autoridades realmente les preocuparía cumplir con este pago, gestionarían ante el MEF y la Comisión Permanente del Presupuesto y de Trabajo, para que estos fondos se inserten en el presupuesto del próximo año para el pago de la deuda, lo que pasa, es que las autoridades esperan sentados en sus escritorio y no son capaces de realizar gestionar es para ello, y prefieren administrar pobreza, expresó el candidato.
Hay gobernadores regionales que con una ordenanza regional ordenan pagar la deuda social con saldos, pero nuestro gobernador regional “es un dejadazo” tiene miedo de hacerlo, indicando que puede ir a la cárcel.
Olgar Grández, dijo que desde la consejería de San Martín trabajará una iniciativa de ordenanza para pagar la deuda social a los trabajadores de los sectores públicos. En la región existen un total de 2 mil 584 servidores públicos que el Estado les debe sus beneficios sociales. (Jq)
