Los comerciantes de los mercados N° 2 y N° 3 de Tarapoto han expresado su malestar debido a que, desde hace diez días, se volvió a cobrar por el uso de los servicios higiénicos. Aunque muchos de ellos aseguran estar de acuerdo con pagar una tarifa razonable de 50 céntimos, consideran excesivo que ahora se cobre un sol por cada ingreso, siendo incluso más caro que los baños de algunos mercados privados.

Ante esta situación, los comerciantes exigen transparencia a la administración del mercado, ya que no se ha informado a dónde va a parar el dinero recaudado ni quién está a cargo de la gestión de estos espacios. Esta falta de claridad ha generado una serie de rumores y especulaciones.

Cabe recordar que, en julio del año pasado, el Ministerio Público inició una investigación relacionada con la administración de estos servicios higiénicos. En esa ocasión, algunos regidores señalaron que se había entregado la administración a una persona sin que se realizara una licitación pública, lo que generó controversia entre los usuarios y autoridades.

Situaciones similares estarían repitiéndose en la actualidad. Este medio intentó recoger la versión oficial de los encargados del mercado, pero al acudir a sus oficinas, estas se encontraban cerradas. Las personas responsables de la atención en los baños evitaron brindar declaraciones, limitándose a guardar silencio frente a las preguntas formuladas.

Según versiones de algunos comerciantes, los servicios higiénicos del mercado N° 2 estarían siendo administrados por diferentes personas: los baños ubicados en la parte alta por un grupo y los de la parte baja por otro. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguna autoridad municipal.

Los vendedores esperan que la Municipalidad Provincial de San Martín aclare esta situación lo antes posible y se establezca una tarifa justa, con mecanismos de control y rendición de cuentas. Mientras tanto, el descontento persiste entre quienes consideran que el aumento del cobro no solo es abusivo, sino que también carece de justificación legal o administrativa clara, toda vez que están en pésimas condiciones. Por: Hugo Anteparra