La congresista Sigrid Bazán impulsa la derogatoria de la llamada reforma de pensiones, al considerar que esta norma fortalece el rol de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y excluye a la mayoría de trabajadores informales. El cambio, aprobado en el Congreso con apenas 38 votos, no representa una verdadera reforma, ya que en el Perú siete de cada diez trabajadores se encuentran en la informalidad.

Entre los argumentos de quienes se oponen a la reforma, se destaca que entre 2022 y 2024 los afiliados perdieron más de S/18.000 millones en sus fondos, pese a que continuaron pagando comisiones. Además, se criticó que las restricciones a los retiros impiden a los ciudadanos acceder a su propio dinero en momentos de crisis.

Uno de los aspectos más cuestionados es el aporte por consumo, que destina el 1 % de las compras con boleta electrónica al fondo de jubilación del afiliado, con un tope de S/40.000 anuales. Este mecanismo, advierten, solo favorece a quienes más gastan y otorga a las AFP más dinero para administrar sin garantizar mejores resultados.

El economista Enrique Castellanos alertó que el beneficio real alcanzará únicamente a los sectores de ingresos altos, mientras que quienes ganan menos de S/2.000 al mes apenas podrán acumular S/400 al año. A ello se suma la crítica de que el reglamento mantiene una comisión fija para las AFP, lo que significa que los afiliados deben pagar incluso cuando sus fondos pierden valor.

También se cuestionó la eliminación del retiro del 95,5 % del dinero acumulado al momento de la jubilación, lo que restringe la libertad de los trabajadores y se basa en proyecciones poco realistas sobre la expectativa de vida de los peruanos. Otro punto controversial es la obligatoriedad de aportes para los independientes, lo que podría incentivar aún más la informalidad laboral.

Como alternativa, los congresistas defensores de la derogatoria presentaron una propuesta elaborada con insumos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca incluir al sector informal bajo un esquema tripartito de aportes del trabajador, el Estado y la empresa. Reconocieron que los tiempos legislativos son limitados y que será difícil lograr consensos en el Congreso, pero llamaron a la ciudadanía a ejercer presión mediante movilizaciones.

“Este no es un sistema de pensiones, es un ahorro forzado que beneficia a las AFP. Nuestra obligación es rendir cuentas y presentar alternativas reales”, advirtieron.

«La propia Keiko Fujimori ha salido a decir que es un boom, pero es siempre y cuando consumas más de S/42.500 al año, es decir, para los que más consumen. Ese 1% que la AFP va a manejar, sobre el cual va a poder cobrar la compensación que quiera, no le cambia la vida a la mayoría», señaló.

En la misma línea, el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, advirtió a este diario que el mecanismo beneficiará sobre todo a quienes tienen ingresos altos. «Si los alimentos y el transporte no pagan IGV, el 80% de gente que gana menos de S/2.000 apenas podrá destinar S/400 al año. Eso no te mueve la aguja para una pensión», sostuvo.