El Congreso de la República, a través de su Comisión de Economía, aprobó un dictamen que propone la inhabilitación definitiva de empresas nacionales y extranjeras que abandonen obras públicas, con el objetivo de frenar la corrupción y fortalecer el control estatal. La propuesta, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, fue respaldada por el Ejecutivo y el congresista Wilson Soto (Acción Popular), y recibió 15 votos a favor y cuatro abstenciones. Entre las sanciones contempladas se incluyen la suspensión de actividades, la prohibición de participar en futuras licitaciones, y la creación de un Registro Nacional de Inhabilitados, que estará a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Este registro permitirá evitar que las empresas sancionadas continúen contratando con el Estado bajo nuevas razones sociales o estructuras jurídicas.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, en el Perú existen actualmente 2,572 obras públicas paralizadas, lo que representa un compromiso de más de S/ 43 mil millones en inversión pública. La mayoría de estos proyectos inconclusos corresponde a gobiernos locales y regionales, siendo Cusco, Puno y Áncash las regiones más afectadas. La aprobación del dictamen busca revertir esta situación crítica y garantizar que el Estado no siga siendo rehén de contratistas irresponsables.

En paralelo, cifras oficiales muestran un panorama de alta rotación empresarial. Solo en el tercer trimestre de 2023, Lima registró la creación de 30,481 empresas, lo que representa el 40.3 % del total nacional; sin embargo, también se reportó el cierre de 70,257 empresas, equivalente al 48.7 % de todas las empresas dadas de baja en el país en ese mismo periodo. Este contexto refuerza la urgencia de contar con normas más estrictas que aseguren la culminación de proyectos públicos, resguarden los recursos del Estado y restituyan la confianza ciudadana en la inversión pública.