Informe revela que se contrataron al menos 33 militantes de partidos que integran la Mesa Directiva en cargos administrativos, mientras el Legislativo alcanza el presupuesto más alto de su historia y aprueba leyes que favorecen la impunidad.
Durante la presidencia de Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso) en el Congreso de la República, se ha contratado al menos a 33 personas afiliadas a los partidos que integran la Mesa Directiva —Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País— para desempeñarse en oficinas administrativas del servicio parlamentario. Así lo revela un informe del medio de investigación OjoPúblico, basado en registros oficiales del Legislativo y del padrón de afiliados de la ONPE.
Este nuevo capítulo de presunto clientelismo político se da en el contexto de un Congreso que acumula la más baja aprobación ciudadana, con niveles de desaprobación que superan el 90%, y que opera con el mayor presupuesto en la historia parlamentaria del país.
Según el reporte, en el período parlamentario 2024-2025 han sido 55 las personas contratadas con vínculos políticos. De estas, 51 aún figuran como militantes activos de agrupaciones con representación congresal. Aunque algunos renunciaron posteriormente, la contratación se dio mientras estaban inscritos.
APP, Fuerza Popular y Perú Libre, los más beneficiados
El detalle del informe señala que los partidos de la Mesa Directiva con mayor cantidad de militantes contratados en puestos administrativos durante la gestión de Salhuana son:
- Alianza Para el Progreso: 14 contratados
- Fuerza Popular: 13
- Perú Libre: 5
- Avanza País: 1
A ellos se suman Acción Popular (13), Somos Perú, Renovación Popular y Podemos Perú (3 cada uno).
Todo ello ocurre mientras el Congreso ha experimentado un incremento del 45% en el número de trabajadores: de 2.511 en agosto de 2021 a 3.652 en junio de 2025, de acuerdo con el Portal de Transparencia.
Bajo perfil académico y gasto sin control
Otro dato alarmante revelado por la investigación es que el 36% de los nuevos contratados no tiene estudios universitarios registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta situación levanta serias dudas sobre el perfil técnico de quienes hoy ocupan cargos financiados por el erario público.
Además, se denuncia que 437 nuevos contratos administrativos fueron firmados bajo la gestión de Eduardo Salhuana, un número que supera los estándares de eficiencia institucional y que aumenta el gasto corriente del Legislativo sin una mejora clara en sus funciones de representación, legislación o fiscalización.
Leyes al servicio de intereses oscuros
A la par de estas contrataciones, el Congreso 2024-2025 ha sido cuestionado por promover y aprobar leyes que favorecen al crimen organizado, debilitan el control estatal sobre actividades ilegales y promueven la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos. También se han aprobado normas que atentan contra la libertad de prensa y la labor de organizaciones de la sociedad civil, según diversas alertas emitidas por organismos nacionales e internacionales.
Un Congreso caro, impopular y sin rumbo claro
Este Congreso no solo es el menos aprobado por la población peruana, sino también el más costoso, con un presupuesto histórico y una estructura sobredimensionada. Mientras tanto, los indicadores de seguridad, institucionalidad y confianza democrática siguen deteriorándose.
El informe de OjoPúblico no hace sino confirmar lo que ya percibe gran parte de la ciudadanía: que el Parlamento se ha convertido en una agencia de empleo partidario, en detrimento de los intereses nacionales.