El debate en el Pleno será una prueba de fuego para la responsabilidad política de los congresistas y para la coherencia del Estado peruano frente a la crisis climática.
El Perú se encuentra en un momento decisivo respecto al futuro de sus bosques amazónicos. Mientras el mundo reclama mayor acción climática y el Papa León XIV recuerda que “el cuidado de la creación es una cuestión de fe y de humanidad”, en el Congreso de la República se prepara una norma que amenaza con debilitar décadas de avances en materia ambiental.
Se trata del Proyecto de Ley 09653/2024-CR, impulsado por la congresista Jeny López Morales (Fuerza Popular), junto a otros seis parlamentarios de su bancada y aliados. El predictamen ya obtuvo luz verde en la Comisión Agraria y ahora espera su debate en el Pleno.
La propuesta crea dos nuevas categorías de uso de la tierra: la Zona Forestal y de Protección Amazónica (ZFPA), destinada a conservar bosques, y la Zona Agropecuaria Amazónica (ZAA), que incluye áreas sin cobertura forestal. En esta última se permitiría otorgar títulos de propiedad y realizar actividades agrícolas sin estudios técnicos ni autorizaciones ambientales previas. En la práctica, lo deforestado antes del 31 de diciembre de 2024 quedaría automáticamente validado como “agropecuario”, lo que equivaldría a legalizar toda la deforestación ocurrida hasta esa fecha.
Otro punto crítico es la creación del Régimen de Promoción de Actividades Agrarias Sostenibles (REPAAS), un registro para regularizar predios amazónicos donde ya se desarrollan actividades agrícolas, incluso si fueron deforestados sin autorización. Según el abogado ambientalista César Ipenza, este diseño recuerda al controvertido Reinfo, creado para la minería informal en 2012 y que terminó siendo refugio para actividades ilegales más que un camino de formalización real. “Se establece una restitución progresiva de cobertura boscosa del 30% del área total del predio, pero esa progresividad no está sometida a plazos y será un proceso eterno que no tenga fin”, advirtió.
Los especialistas alertan que la norma no solo abre la puerta a mayor deforestación, sino que también podría tener consecuencias judiciales, ya que las deforestaciones ilegales anteriores quedarían automáticamente “blanqueadas”, lo que permitiría archivar procesos penales en curso contra taladores. Además, el proyecto contraviene el artículo 69 de la Constitución, que obliga al Estado a promover el desarrollo sostenible de la Amazonía, y debilita la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (29763) al eliminar la exigencia de autorización para cambio de uso de tierras con cobertura boscosa.
El rechazo indígena y social fue inmediato. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) emitió un pronunciamiento contundente: “Esta ley permitirá titular los predios agrícolas supuestamente deforestados sin estudio ni autorización para su uso, contribuyendo a la invasión de los territorios indígenas y permitiendo su despojo sistemático”. La organización también advirtió que la medida viola el derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, y exigió al Congreso archivar el proyecto y al Ejecutivo observarlo en caso de aprobación.
En la misma línea, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú) alertó que la propuesta “incrementará la deforestación, afectará gravemente los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia climática y pondría en riesgo la seguridad hídrica, alimentaria y sanitaria de millones de personas”.
Dentro del Parlamento tampoco existe consenso. La congresista Ruth Luque calificó el proyecto en su cuenta de X como: “Una nueva Ley Antiforestal, una ley a favor de las palmas aceiteras, ley pro deforestación, no es una ley para la Amazonía”. Según denunció, el predictamen fue aprobado en sesión extraordinaria con 13 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
El debate revela las contradicciones del país. Mientras en los foros internacionales el Perú se presenta como un actor comprometido con la lucha contra la crisis climática, en el Congreso se impulsa una norma que, de aprobarse, lo alejaría de sus compromisos en el Acuerdo de París y del objetivo de deforestación neta cero al 2030.
La Amazonía no es solo el hogar de pueblos indígenas ni una fuente de biodiversidad invaluable: es también un pilar de la seguridad climática global. Sin embargo, con iniciativas como esta, el Estado peruano corre el riesgo de convertirse en cómplice de su destrucción. Detrás del discurso de otorgar seguridad jurídica a los agricultores amazónicos, lo que se esconde es un mecanismo de legalización retroactiva de la deforestación: una ley que debilita la institucionalidad ambiental, legitima el despojo indígena y amenaza el patrimonio natural del país.