La selva no es un territorio vacío ni un botín a repartir. Es frontera geopolítica, es diversidad cultural, es agua, es clima.
Por: Beto Cabrera Marina
El Perú es el cuarto país del mundo con mayor cobertura de bosques tropicales: más del 60% de su territorio está cubierto por la Amazonía. Sin embargo, cada año desaparecen decenas de miles de hectáreas, principalmente por la expansión agrícola desordenada, el tráfico de tierras y la falta de un Estado capaz de proteger las nacientes de ríos y quebradas que sostienen la vida en la Selva Alta.
El Congreso discute el Proyecto de Ley 9653, bautizado por sus críticos como “Ley Antiforestal 2.0”, que busca formalizar a productores asentados en la Amazonía antes de 2020 y crear nuevas categorías de uso de suelo
Sobre el papel, se habla de “sostenibilidad” y de cerrar brechas de titulación. En la práctica, organizaciones ambientales advierten que se abre la puerta al blanqueo de predios deforestados, legitimando la depredación bajo el amparo legal.
¿Con qué legitimidad puede un Congreso desprestigiado, corroído por la corrupción y el cálculo político, decidir el destino de la Amazonía?
El problema de fondo es evidente: ¿se legisla pensando en la Amazonía o en la agroindustria de la costa? Mientras desde Lima se habla de competitividad y exportaciones, en las fronteras amazónicas la realidad es otra: agricultores migrantes que practican la tumba y quema para sobrevivir comunidades nativas que ven arrasadas sus tierras y ríos contaminados por la minería ilegal que avanza sin control.
La paradoja es brutal: la selva es el pulmón del país, pero también el escenario de un modelo económico que privilegia la rentabilidad inmediata sobre la conservación. Según cifras oficiales, más del 80% de la deforestación proviene de parcelas pequeñas (menos de 5 hectáreas por año), producto de la agricultura de subsistencia.
Y, sin embargo, el Congreso discute normas que benefician a grandes intereses, olvidando la tecnificación, la investigación y el acompañamiento real al pequeño agricultor.
¿Y qué hacer con ese agricultor de la sierra que migra a la selva buscando futuro para su familia? ¿Lo criminalizamos por deforestar o lo integramos en una política seria de reconversión productiva, con acceso a crédito, asistencia técnica y mercados sostenibles? La respuesta del Estado ha sido, por décadas, la indiferencia.
Al mismo tiempo, la falta de legitimidad del propio Congreso plantea un dilema ético y político. ¿Tiene autoridad un Parlamento altamente cuestionado por corrupción y desconexión con la ciudadanía para redibujar el destino de la Amazonía? ¿Es válido que se pretenda legalizar la frontera agrícola mientras la crisis climática amenaza la seguridad hídrica del país?
Lo que está en juego no es solo el futuro de los agricultores, sino la sobrevivencia misma de un país que parece legislar de espaldas a su mayor patrimonio natural.