Lamentablemente, por diversos factores, en este año las comunidades indígenas se han visto afectadas por los derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano, causando daños ambientales y de salud poblacional.
Estos hechos tienen que ser monitoreados por el mismo gobierno a fin de coordinar con diversas instituciones y tomar las acciones necesarias que permitan analizar y solucionar este problema que es preocupación, no solo del Gobierno, sino de toda la sociedad peruana, por lo terribles daños que estos derrames vienen generando en las poblaciones amazónicas afectadas y que les ha llevado a tomar medidas de fuerza, como impedir el pase de embarcaciones, a la altura de la localidad de Saramurillo.
Las respuestas de dónde y cuándo se produjeron estos derrames de petróleo, les corresponde dar a PetroPerú, OEFA (Organismo de evaluación y Fiscalización Ambiental), y OSINERGMIN, de acuerdo a sus respectivas competencias, y que el Poder Ejecutivo ha intervenido en aquellas situaciones en las cuales se han generado, además, conflictos sociales.
Es difícil determinar la autoría de los presuntos atentados por las limitaciones geográficas, toda vez que un ducto atraviesa gran parte de la selva, sierra y costa. Petro Perú, señala que implementa sus planes de contingencia dentro de las 24 horas, pero entidades como Osinergmin, OEFA y la Fiscalía Especializada en materia ambiental llegan muchos días después.
Entre las comunidades afectadas están las de los ríos Marañón, Pastaza, Urarinas, Tigre y Corrientes. Los indígenas se han concentrado en Saramurillo porque es el punto en el que el Marañón se estrecha, lo cual facilita el bloqueo del tránsito fluvial. Actualmente hay un diálogo en Lima con los apus y dirigentes comuneros para encontrar una salida a esa realidad social.