Violencia sexual e impunidad en Condorcanqui: docentes agresores se reciclan como mineros ilegales
Una investigación de OjoPúblico revela una alarmante doble amenaza para las niñas indígenas wampis y awajún en la provincia de Condorcanqui, Amazonas: la violencia sexual en las escuelas y el avance imparable de la minería ilegal.
Entre 2019 y 2025, las autoridades del sector Educación en Amazonas abrieron 307 procesos disciplinarios contra docentes de esta provincia por hostigamiento y violencia sexual contra escolares indígenas. Pero lo más grave es que algunos de estos profesores suspendidos ahora lucran con la minería ilegal, a vista y paciencia de las autoridades.
El drama de Diana y la búsqueda desesperada de su padre
Una noche de julio de 2024, Wilmer Nunkat* no encontró a su hija Diana*, de 14 años, al regresar del colegio. Angustiado, recorrió su comunidad wampis, en el distrito de Río Santiago, durante horas. A las dos de la madrugada la halló en casa de su profesor de educación física, de 25 años, quien presuntamente la había agredido sexualmente. Wilmer denunció el hecho ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui. Un año después, el caso sigue estancado en investigación preliminar.
Impunidad que favorece la minería ilegal
La investigación de OjoPúblico, basada en testimonios de líderes indígenas y documentos fiscales y judiciales, evidencia que docentes suspendidos por violencia sexual ahora dirigen operaciones de minería ilegal en la cuenca del río Santiago. En algunos casos, incluso involucran a menores de edad para proteger dragas ilegales.
Uno de los episodios más indignantes ocurrió en enero de 2025: dos docentes suspendidos enviaron a menores de edad a custodiar maquinaria ilegal ante una inminente intervención policial, según el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis.
“Hay profesores sentenciados que dirigen ese tipo de actividades”, denuncia un líder indígena y también docente, quien ha recibido amenazas por enfrentarse a estos grupos. La ausencia total del Estado es alarmante: en todo el distrito de Río Santiago no existe una sola comisaría. La más cercana está a dos horas en bote, en Santa María de Nieva.
Violencia estructural e institucionalidad ausente
La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres de Condorcanqui maneja, desde abril de este año, 373 denuncias de violencia sexual, la mayoría contra profesores. De ese total, 109 son por acoso sexual, 77 por violación sexual a menores de edad, 68 por violación sexual y 43 por actos sin consentimiento.
La dirigente awajún Rosemary Pioc Tenazoa advierte que el abandono estatal ha generado total impunidad en zonas como Río Santiago y El Cenepa. “Como es distante y disperso, es bien complejo. Se requiere mucha más intervención de las autoridades”, declara.
Uno de los casos emblemáticos data de noviembre de 2021, cuando se denunció al director de una escuela en Dos de Mayo, Río Santiago, por la presunta violación de una alumna de 15 años. Tres años después, el expediente sigue en condición de “atención en proceso”.
Cifras alarmantes que se incrementan
La Dirección Regional de Educación de Amazonas confirmó que solo en el distrito de Río Santiago se han presentado 130 denuncias contra docentes entre 2019 y 2025. De acuerdo con los reportes oficiales, los procesos disciplinarios se han incrementado de manera sostenida desde 2021.
Según líderes indígenas, la falta de presencia policial y la lentitud del sistema judicial permiten que muchos de los docentes denunciados no solo eviten la cárcel, sino que encuentren en la minería ilegal una nueva forma de poder y control económico.
Una amenaza múltiple contra niñas y territorios indígenas
Esta problemática no solo expone a las niñas y adolescentes indígenas a graves riesgos físicos y psicológicos, sino que además afecta la integridad del territorio ancestral de los pueblos wampis y awajún. La minería ilegal en la cuenca del río Santiago, además de ser violatoria del marco ambiental, se convierte en un refugio para agresores sexuales que nunca fueron sancionados adecuadamente.
Los nombres de la menor y del padre han sido modificados para proteger su identidad.