El 2026 puede ser el punto de inflexión o el abismo definitivo. La decisión está, una vez más, en manos del pueblo.

A un año de las elecciones generales de 2026, el Perú enfrenta una de las etapas más frágiles de su institucionalidad democrática. La desconfianza ciudadana en las instituciones es abrumadora, la aprobación presidencial es marginal y el Congreso alcanza niveles históricos de rechazo. A ello se suma la captura de espacios del Estado por intereses particulares y mafias que ya no se ocultan: narcotráfico, minería ilegal, tráfico de tierras, maderas y favores. En este escenario, ¿puede hablarse de democracia real cuando los partidos son propiedad de caudillos y empresarios?

Un Ejecutivo sin rumbo y un Congreso deslegitimado

La actual gestión del Ejecutivo se encuentra prácticamente doblegada ante un Congreso con más del 90% de desaprobación, de acuerdo con las últimas encuestas. Las decisiones clave sobre reformas, presupuesto o designaciones han sido condicionadas o bloqueadas, mientras se aprueban leyes a medida de intereses particulares, sin debate técnico ni enfoque ciudadano. El presupuesto nacional para el año fiscal 2025 —el más alto de la historia del país, con más de 240 mil millones de soles— corre el riesgo de ser malgastado o dirigido bajo criterios clientelistas y no en función de las verdaderas prioridades nacionales.

¿Democracia de fachada?

En teoría, se avecinan elecciones democráticas. En la práctica, los partidos no son estructuras programáticas ni transparentes, sino vehículos controlados por élites económicas, familiares o redes de poder. ¿Qué clase de democracia puede surgir cuando se vota por franquicias políticas sin vida interna ni propuestas claras, muchas de ellas sometidas al interés de financistas o redes vinculadas al crimen? Si a eso se suma la debilidad de los órganos de control, los cuestionamientos al sistema de justicia y la falta de reformas políticas, el proceso electoral corre el riesgo de repetir los mismos errores del pasado.

San Martín frente a una nueva amenaza: la minería ilegal

En la región San Martín, este contexto nacional se entrelaza con una amenaza silenciosa pero creciente: la expansión de la minería ilegal en la cuenca del Huallaga, Mayo, Huayamaba y el Abiseo, zonas claves para el equilibrio ecológico, la provisión de agua y la producción agrícola. A los ya consolidados problemas del narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal, se suma ahora una minería sin regulación, que opera con maquinaria y mercurio, contaminando ríos y desplazando comunidades.

El Estado brilla por su ausencia. Mientras los actores criminales avanzan, las entidades competentes como el Ministerio del Interior, el Ministerio Público o el Ministerio del Ambiente, no actúan con contundencia. En lugar de estrategias integradas, la respuesta es burocrática y desarticulada. Y lo que es peor, hay señales de complicidad o protección política hacia algunas de estas redes.

¿Elecciones sin ciudadanos?

Frente a este panorama, la gran tarea no solo es elegir autoridades en 2026. La tarea pendiente y urgente es reconstruir el vínculo entre ciudadanía e institucionalidad, exigir transparencia, participación real, y denunciar a tiempo a los candidatos ligados a intereses oscuros.

Tal como señala el analista electoral Luciano Escobar Díaz, en su llamado a la ciudadanía: “Seguir a ELECCIONES GENERALES 2026 permitirá estar informado, evitar la desinformación y participar activamente como fiscalizador, ya sea como ciudadano, personero, miembro de mesa o en cualquier otro rol.”

La única forma de frenar la captura del Estado es mediante la vigilancia ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y la elección responsable. No habrá futuro democrático si los comicios se convierten en una competencia entre organizaciones capturadas por mafias.