La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, a cargo del fiscal José Santos Gomero, presentó ante el Poder Judicial un requerimiento de prisión preventiva contra Carlos Adrián Villavicencio Ninatanta, acusado de participar como conductor del vehículo utilizado en el crimen por encargo que cobró la vida del abogado Luis Felipe Morey Riva, ocurrido el 6 de marzo de 2025. La medida fue sustentada con abundantes elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito de sicariato, cuya pena mínima es de 25 años de prisión.
De acuerdo con la investigación fiscal, el asesinato de Morey Riva fue el resultado de una estructura criminal organizada bajo la modalidad de “muerte por encargo”, motivada por intereses económicos y conformada por cuatro niveles de actuación: contratación, intermediación, ejecución material y apoyo logístico. Esta red habría sido dirigida por una persona aún no identificada, considerada la autora intelectual del crimen, quien habría ordenado el asesinato a cambio de un beneficio económico.
En el nivel de intermediación, la fiscalía identificó a Jhon Rainer Muñoz Vargas como el principal coordinador del crimen, encargado de financiar el traslado de los sicarios desde Trujillo a Tarapoto, así como la compra de pasajes, hospedaje, alquiler de armas y vehículos, y el pago a los ejecutores. Junto a él operó Romer Milton Araujo Mozo, responsable de las transacciones económicas y del enlace con los autores materiales. Ambos intermediarios estuvieron presentes en Tarapoto el día del crimen, supervisando la ejecución ocurrida en la cuadra 12 de la avenida Circunvalación, donde Morey Riva fue abatido.
En el nivel de ejecución material, la fiscalía sindica a Miguel Enrique Vásquez García, alias “Poco Floro” o “Chato Pelacho”, como el gatillero que disparó contra la víctima, mientras que Carlos Adrián Villavicencio Ninatanta habría sido el conductor de la motocicleta utilizada para la fuga. Vásquez García habría recibido un revólver calibre .38 especial de Segundo Miguel Vargas Pérez, integrante del nivel logístico, quien, junto con su pareja Dainith Tuanama Tuanama, albergó a los sicarios en una vivienda del distrito de Morales.
Según la reconstrucción fiscal, el día del crimen ambos sicarios se encontraban en la cevichería La Esquina 11, desde donde vigilaban a la víctima. Minutos antes del atentado, Villavicencio Ninatanta salió del local para concretar una transacción vía Yape por S/ 50, efectuada desde el número de Romer Araujo Mozo, uno de los intermediarios, con el fin de obtener dinero en efectivo para pagar la cuenta del restaurante. Dicha operación, registrada a las 12:49 p. m., fue confirmada mediante rastreo financiero y la declaración de un testigo, quien identificó a Villavicencio como la persona que le pidió recibir el dinero.
A las 13:27 horas, Vásquez García ejecutó el asesinato de Luis Felipe Morey Riva con dos disparos a corta distancia, y ambos huyeron en la motocicleta conducida por Villavicencio. Minutos después, cámaras de videovigilancia registraron al imputado llegando solo al inmueble de Morales, identificado como el centro logístico de la organización criminal.
Entre los principales elementos de convicción presentados por la fiscalía figuran:
- Huellas dactilares: peritos de criminalística determinaron que los fragmentos hallados en botellas de cerveza en la cevichería La Esquina 11 coinciden con las huellas del pulgar y auricular izquierdo de Villavicencio Ninatanta.
- Transacción Yape: la transferencia de S/ 50.00 realizada por Araujo Mozo a un intermediario, que Villavicencio retiró en efectivo, confirma su presencia en el lugar del crimen.
- Videos de vigilancia: imágenes muestran al imputado, vestido con indumentaria de obrero, realizando la transacción telefónica y luego regresando al local para reunirse con el gatillero.
- Declaraciones testimoniales: un testigo reconoció al imputado mediante ficha RENIEC como quien efectuó la operación de Yape.
- Actas policiales: confirman que los autores huyeron en motocicleta, vehículo que, según cámaras y testimonios, era conducido por Villavicencio.
La fiscalía también incorporó informes de geolocalización y análisis de llamadas telefónicas que vinculan al imputado con los intermediarios Muñoz Vargas y Araujo Mozo, reforzando la hipótesis de coordinación directa antes, durante y después del asesinato. Además, se acreditó que Villavicencio tiene antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego, lo que permitió cotejar sus huellas en el sistema AFHIS y confirmar su identidad en la escena del crimen.
Debido a la gravedad del delito y a la posibilidad de una condena superior a 25 años, la fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para Villavicencio Ninatanta, argumentando peligro de fuga y obstaculización de la investigación. Según el Ministerio Público, el imputado podría evadir la justicia o influir en testigos, dada su relación con otros implicados aún prófugos.
La audiencia de prisión preventiva será evaluada en los próximos días por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto, que deberá determinar si los elementos presentados justifican la medida. Paralelamente, continúan las diligencias para identificar al autor intelectual del crimen y otros posibles cómplices de la organización que habría operado entre Trujillo y Tarapoto.
De confirmarse la responsabilidad penal de los involucrados, este caso se convertiría en uno de los procesos por sicariato más relevantes de la región San Martín, revelando la existencia de redes criminales interregionales con capacidad para planificar y ejecutar asesinatos por encargo bajo una estructura jerárquica y logística compleja.
Villavicencio Ninatanta se encuentra recluido en el penal El Milagro de Bagua por tenencia ilegal de armas, mientras la fiscalía solicita cadena perpetua para todos los investigados.