Hoy lunes es la visita al lugar
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha citado a diligencia de constatación fiscal en la Laguna Ricuricocha para este lunes 1 de septiembre a las 10:00 a.m., en el marco de la investigación preliminar abierta contra la alcaldesa provincial de San Martín, Lluni Perea Pinedo, por presuntos delitos ambientales relacionados con el proyecto inmobiliario “Condominio Prana Lagoons”, promovido por la empresa Ciudapolis.
La acción fiscal comprende los lotes inscritos en las partidas registrales 11186786, 11186788, 11186787 y 4002788, de propiedad de Ciudapolis, cuyo representante legal es Jorge Loza Díaz. La investigación busca determinar la eventual vulneración de la Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE) y de la faja marginal de la laguna establecida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como el impacto en el ecosistema protegido.
Entre las entidades convocadas a la diligencia se encuentran la Autoridad Regional Ambiental y su Dirección de Acondicionamiento Territorial y Gestión Ambiental, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, y la Dirección de Medio Ambiente del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo.
Alcaldesa bajo investigación por conflictos de interés
La situación de la alcaldesa Perea Pinedo se agrava por los antecedentes que vinculan su nombre con intereses inmobiliarios privados. Documentos registrales confirman que el burgomaestre es propietaria de terrenos en la zona conocida como “Isla del Cóndor”, ubicada en las inmediaciones del Ricuricocha, predio que fue habilitado para urbanización. Estos nexos refuerzan las sospechas de que la alcaldesa estaría favoreciendo el boom inmobiliario en torno a la laguna, priorizando sus intereses patrimoniales sobre la defensa ambiental.
Fuentes vinculadas al caso sostienen que la alcaldesa no solo habría avalado silenciosamente el avance de proyectos como el de Ciudapolis, sino que además podría beneficiarse de la revalorización de sus propios lotes en sectores colindantes, en una clara muestra de conflicto de intereses.
Denuncia con respaldo ciudadano y legal
La investigación fiscal forma parte de la denuncia penal presentada por la firma legal “Justicia Justa Abogados Penalistas”, que actúa en representación de colectivos ciudadanos y ambientales que defienden la intangibilidad del ecosistema Ricuricocha. Desde estas organizaciones se ha llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a rechazar cualquier intento de urbanizar zonas no habilitadas, dado que la presión inmobiliaria podría significar la pérdida irreversible de un área de alto valor ecológico y cultural para Tarapoto.
Con esta diligencia, la Fiscalía da un paso clave para esclarecer la relación entre poder político local, intereses privados y el futuro del ecosistema de Ricuricocha, hoy bajo seria amenaza.
Intereses inmobiliarios de la alcaldesa en Ricuricocha
- 2018 – 2019: Compra de lotes en el sector denominado “Isla del Cóndor”, cercano a la Laguna Ricuricocha. Estos terrenos fueron inscritos a nombre de Lluni Perea Pinedo y familiares directos.
- 2020: La Municipalidad Provincial de San Martín aprueba de manera preliminar la habilitación urbana de predios en la zona de Ricuricocha, lo que revaloriza el predio “Isla del Cóndor”.
- 2021 – 2022: Surgen proyectos privados para desarrollar condominios residenciales y clubes campestres alrededor de Ricuricocha. La entonces regidora Perea Pinedo muestra respaldo a iniciativas de inversión en “zonas turísticas”.
- 2023: La empresa Ciudapolis presenta los primeros avances de su proyecto “Condominio Prana Lagoons”, generando críticas de asociaciones ambientales por intentar urbanizar áreas de conservación.
- 2024: Perea Pinedo asume la alcaldía de Tarapoto. Diversas fuentes señalan que no declara de manera transparente la totalidad de sus propiedades en zonas aledañas a Ricuricocha.
- Agosto 2025: La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental abre investigación preliminar por presuntos delitos ambientales y conflictos de intereses vinculados al proyecto de Ciudapolis. Se incluyen los terrenos de propiedad de la alcaldesa en “Isla del Cóndor” dentro del análisis de impacto urbano.
- 1 de septiembre de 2025: Programada diligencia de constatación fiscal en la Laguna Ricuricocha con participación de la Fiscalía Ambiental, ANA, SERFOR, Autoridad Regional Ambiental y otras instituciones, para verificar el grado de afectación del ecosistema.
Esta línea de tiempo ayuda a mostrar cómo, en paralelo a su carrera política, la alcaldesa habría tejido un patrón de acumulación y habilitación de terrenos que hoy la coloca en el centro de una investigación por conflicto de intereses.
