Entre 2020 y 2025, más de la mitad del FONCOMUN en San Martín se concentró en solo tres municipalidades. Provincias como Huallaga, Picota y El Dorado recibieron montos mínimos, lo que cuestiona si la descentralización de recursos garantiza mejora en servicios públicos.
Durante el periodo 2020–2025, las municipalidades provinciales de la región San Martín recibieron cerca de S/ 933 millones provenientes del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Sin embargo, los datos muestran una distribución marcada por asimetrías profundas, donde la mayor parte de los recursos se concentra en las provincias más pobladas y urbanas.
La Municipalidad Provincial de Moyobamba encabeza la recaudación, con S/ 237’108,230, equivalente al 25.41% del total regional. Le siguen Rioja, que acumuló S/ 146’923,264, y San Martín (Tarapoto), con S/ 123’630,425. En conjunto, estas tres municipalidades concentran más del 50% de los recursos del FONCOMUN, evidenciando que la mayor parte del financiamiento regional continúa centralizada en los principales núcleos urbanos.

En el extremo opuesto, provincias como Huallaga, con apenas S/ 36’105,513, Picota, con S/ 37’444,093, y El Dorado, con S/ 51’253,059, reciben menos del 5% cada una. Esta diferencia revela que la descentralización financiera sigue siendo irregular y que los territorios más pequeños no logran cerrar brechas históricas de infraestructura ni servicios.
Este panorama plantea una pregunta clave: ¿de qué manera la descentralización de recursos favorece realmente al ciudadano de las 10 provincias?
Si bien las municipalidades con mayores asignaciones cuentan con más capacidad para financiar mantenimiento vial, limpieza pública, saneamiento e infraestructura básica, aquellas con menores recursos enfrentan limitaciones técnicas y presupuestales que impactan directamente en la calidad de vida de sus habitantes.
En las provincias más pequeñas, el costo operativo de prestar servicios básicos suele ser más alto, lo que hace que los montos del FONCOMUN resulten insuficientes. Esto genera desigualdades en el acceso a servicios públicos, lo que deriva en ciudadanos quereciben servicios de menor calidad en comparación con las provincias más grandes.

A ello se suma la interrogante sobre la eficacia del gasto municipal. En las jurisdicciones más grandes se observan avances en ejecución presupuestal, pero todavía persisten obras inconclusas, mantenimientos deficientes y proyectos con baja sostenibilidad. En las provincias con menores recursos, la falta de cuadros técnicos, la rotación de funcionarios y la limitada experiencia en gestión pública ralentizan aún más la capacidad de ejecutar obras o mejorar servicios.
En conjunto, la distribución del FONCOMUN y la descentralización no terminan de consolidar una descentralización efectiva. Aunque el marco normativo busca equilibrar el financiamiento municipal y regional.
En el caso de las municipalidades con mayor y menor recaudación evidencia que los pobladores de San Martínno acceden equitativamente a los beneficios de estos recursos, perpetuando desigualdades territoriales que aún están lejos de cerrarse.



