Condenados o procesados por delitos graves como violación sexual, terrorismo, homicidio y secuestro.
En un hecho sin precedentes en la historia del sistema educativo peruano, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del Ministerio de Educación (Minedu), ha separado desde 2023 hasta el 25 de septiembre de este año a 2,160 docentes y trabajadores administrativos condenados o procesados por delitos graves como violación sexual, terrorismo, homicidio y secuestro.
Del total, 1,835 son profesores y 325 administrativos que laboraban en 1,829 colegios públicos y 331 privados en todo el país. La mayor parte de ellos —1,813 personas— enfrenta cargos por violación a la libertad sexual, delito que constituye la amenaza más extendida dentro de las instituciones educativas. Otros casos corresponden a terrorismo y apología del terrorismo (98), tráfico ilícito de drogas (95), homicidio doloso (41), secuestro (36), proposiciones a menores por medios tecnológicos (29), proxenetismo (13), además de pornografía infantil (9), feminicidio (9), violación de la intimidad (7), trata de personas (4), secuestro extorsivo (2), parricidio (2), y hasta un caso de sicariato (1).
El Minedu informó que la aplicación de la Ley 29988, que establece la separación inmediata de personal educativo involucrado en delitos graves, ha sido ejecutada con mayor rigor en la actual gestión. “Es la cifra más alta en la historia del sistema educativo y marca un antes y un después en la defensa de la niñez y la juventud”, señaló el sector.
La ofensiva se intensificó en 2024. Solo entre el 1 de abril y el 25 de septiembre se apartó a 1,165 personas, de las cuales 1,000 eran docentes y 165 administrativos distribuidos en 1,024 colegios públicos y 141 privados. Dentro de ese grupo, 176 fueron separados definitivamente y 989 de manera preventiva mientras avanzan los procesos judiciales.
Los delitos predominantes en este período son igualmente graves: 991 por violación sexual, 87 por terrorismo, 22 por narcotráfico, 21 por homicidio, 13 por acoso sexual virtual a menores, además de casos de secuestro (13), proxenetismo (6), violación de la intimidad (5), feminicidio (2) y parricidio (1).
El Gobierno sostiene que estas medidas extraordinarias no solo cumplen con la ley, sino que consolidan una política activa y firme de limpieza en el magisterio, destinada a preservar la seguridad e integridad de millones de estudiantes en el país.