El caso del alcalde suspendido José Lazo Arce dejó de ser solo un escándalo de violencia. Tras la difusión del video en el que golpea a su exconviviente, la denuncia ha destapado presuntos actos de corrupción, evasión y un evidente desbalance patrimonial, elevando la gravedad del caso.

La denunciante, Christina Valeria Kike, quien aparece en el video siendo agredida, ha revelado que compró casas, una moto y una camioneta a nombre del hermano del alcalde, Marcos Jhoe Lazo, quien hoy registra 12 predios y un vehículo sin sustento económico claro. Este punto, clave para una investigación por presunto lavado de activos o enriquecimiento ilícito, deberá ser esclarecido por las autoridades.

Según su testimonio, Lazo escondía grandes fajos de dinero en la camioneta, en el horno e incluso dentro de sus zapatos. A ello se suma que el alcalde de Juan Guerra mantiene una deuda alimentaria de S/ 28,422, acumulada durante nueve años, un incumplimiento que agrava aún más su situación legal y moral.

Mientras tanto, su defensa legal evade las acusaciones. Su abogado intenta victimizarlo alegando una supuesta “depresión” causada por la mediatización del caso, buscando generar lástima para ocultar hechos que requieren respuestas claras. En lugar de explicar el origen del patrimonio, optan por tecnicismos y silencio, pese a que el Frente de Defensa y la ciudadanía exigen rendición de cuentas.

Este silencio no es inocencia; es la estrategia de quien no puede justificar lo injustificable.

La suspensión del alcalde es apenas el inicio. Juan Guerra merece una investigación completa, transparente y sin privilegios, para que los hechos —y no las excusas— determinen el futuro político y penal de José Lazo Arce.