En San Martín, cientos de escolares estudian en condiciones precarias. En 51 residencias estudiantiles no se cuenta con agua potable, mientras que 17 no tienen electricidad
La Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República han puesto en evidencia una dura realidad que golpea el corazón del sistema educativo público en la Amazonía peruana. Los informes de ambas instituciones revelan graves carencias en infraestructura, servicios básicos y condiciones de vida de los estudiantes que residen en zonas rurales, especialmente en regiones como San Martín, Amazonas y Loreto, donde miles de adolescentes estudian y viven en internados públicos.
El reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte la situación crítica de 79 colegios públicos con residencias estudiantiles, donde se implementa el modelo Secundaria con Residencia Estudiantil (SRE). En estos espacios, más de 18 mil escolares, de los cuales 9700 pertenecen a comunidades indígenas, viven en condiciones que vulneran su derecho a una educación digna y a una vida saludable.
El diagnóstico es alarmante: 51 residencias no cuentan con agua potable, 17 carecen de electricidad y en 67 los dormitorios presentan hacinamiento. En ocho colegios, los estudiantes duermen sin camas ni camarotes, afectando directamente a más de 600 adolescentes. A esto se suma un problema que agrava la precariedad: en 18 instituciones educativas, los alimentos brindados por el programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma) no alcanzan para todos los residentes, mientras que en cinco colegios no se brinda alimentación los fines de semana, dejando desatendidos a 330 estudiantes.
La Defensoría concluye que no se cumple plenamente el modelo educativo SRE, lo que repercute directamente en los aprendizajes y en la permanencia escolar de miles de jóvenes rurales. Ante ello, exhorta al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como a los gobiernos regionales, a coordinar la implementación de planes estratégicos urgentes que aborden las brechas de infraestructura, la capacitación docente y la prevención de la violencia escolar. Asimismo, demanda al Ministerio de Salud ejecutar el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente 2024–2027, asegurando el presupuesto necesario para su cumplimiento.
En la región San Martín, la Contraloría General de la República también ha puesto el dedo en la llaga con los resultados del Operativo Educación 2025. En su Informe de Visita de Control N° 306-2025-CG/GRSM-SVC, realizado en 41 instituciones educativas, se detectaron diez situaciones adversas que ponen en riesgo la continuidad del servicio educativo.
Entre los colegios con mayores deficiencias figuran la I.E. N.º 0123 Reynaldo Paredes Saavedra, en la localidad de Alto Biavo (provincia de Bellavista), la I.E. N.º 350 de Caynarachi (Lamas), la I.E. N.º 234 del distrito de Zapatero y la I.E. N.º 1359 de Nueva Cajamarca. En todos ellos se reportan pisos agrietados, paredes deterioradas, falta de losas deportivas, carencia de mobiliario escolar y ausencia de servicios básicos como electricidad, telefonía e internet.
La Contraloría advierte que estos problemas podrían afectar los objetivos del año escolar 2025 y pone en conocimiento de la Dirección Regional de Educación de San Martín (DRE-SM) la necesidad de adoptar medidas preventivas y correctivas inmediatas para asegurar condiciones adecuadas a docentes y estudiantes.
Ambos informes dibujan un panorama preocupante y coinciden en una verdad que ya no se puede seguir ignorando: el Estado, en todos sus niveles, está en deuda con la educación pública y con la juventud peruana. En pleno siglo XXI, miles de estudiantes de la Amazonía estudian en condiciones de precariedad extrema, sin servicios básicos, sin infraestructura y, en muchos casos, sin alimentos suficientes para continuar aprendiendo.
Esta crisis estructural, más que un diagnóstico técnico, debería convertirse en una prioridad de la agenda política regional y nacional. No se trata solo de reparar techos o entregar camas; se trata de garantizar el derecho a la educación como una política de justicia social. Mientras no se atienda esta deuda histórica, hablar de desarrollo en la Amazonía seguirá siendo una promesa vacía.
