En el Alto Mayo
Vicente Calle llama a la ciudadanía del Alto Mayo a movilizarse y exigir que el Estado actúe antes de que el agua y la vida desaparezcan.
La extracción descontrolada de material agregado en los ríos del Alto Mayo continúa destruyendo las nacientes de agua y el ecosistema acuático de la zona. El dirigente Segundo Vicente Calle advierte que esta práctica —avalada por las propias municipalidades bajo el pretexto de la “descolmatación”— está dejando sin agua limpia a miles de familias y comprometiendo la seguridad de las carreteras y comunidades.
¿Cómo va el tema de Nacientes Río Negro?
Hace aproximadamente mes y medio salieron a la luz estos hechos. Existen pruebas claras. Lo que tenemos ahora sobre la mesa es una extracción descontrolada de material agregado no solo en el río Negro, sino también en el río Yurayacu y el río Naranjillo. Este es un problema antiguo, denunciado desde hace muchos años, incluso cuando se iniciaba el Comité de Gestión del Área Protegida del Bosque de Protección Alto Mayo.
Las municipalidades vienen otorgando autorizaciones con la supuesta finalidad de descolmatar los ríos, y la Autoridad Local del Agua (ALA) emite opiniones técnicas favorables, pero en la práctica lo que ocurre es que se extrae material agregado para uso comercial y obras públicas, destruyendo las nacientes y los cauces naturales.
Entonces, bajo el pretexto de la descolmatación, se saca material agregado y se comercializa.
Exactamente. No se trata solo de material para el comercio, sino también para las obras públicas de las municipalidades. Pero ese pretexto está causando un daño ambiental severo: se están destruyendo las nacientes y las franjas marginales del río Negro, río Tónchima, río Yurayacu y río Naranjillo, especialmente en la zona Awajún.
Hace años se denunció a empresas como COBA Ingenieros o al señor Carranza, ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Sin embargo, no hubo resultados. No existe una sola sentencia o sanción conocida.
¿Por qué no hay acción de la Fiscalía?
Porque los extractores siguen actuando impunemente. Las municipalidades siguen autorizando, la ALA sigue emitiendo opiniones técnicas, y nadie realiza monitoreo ni seguimiento. Deberían restaurar las zonas intervenidas, pero no lo hacen. Al contrario, continúan autorizando nuevas extracciones.
En el río Tónchima, por ejemplo, además de destruir la vida acuática, se ha puesto en peligro la carretera Rioja–Yorongos, construida por el Gobierno Regional. En cualquier momento puede colapsar.
Y lo más reciente, en la naciente del río Negro, la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas (Segunda Jerusalén) ha ejecutado trabajos bajo el mismo pretexto: “descolmatar” y apoyar una iniciativa ecoturística. Pero en realidad han construido pozas artificiales destruyendo la franja marginal, donde está prohibido cualquier tipo de actividad extractiva.
Si la Municipalidad no actúa y la Fiscalía no responde, ¿quién debería intervenir?
Debería hacerlo la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, de oficio. Pero este tema lleva años sin resolverse. También debería intervenir la Autoridad Local del Agua, que conoce perfectamente el problema, y la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), que tiene la facultad de supervisar y sancionar a las municipalidades y entidades que incumplen la ley. Sin embargo, todas permanecen inactivas. Por eso digo que estamos frente a un caso emblemático de inacción del Estado.
¿Qué consecuencias ya se sienten en Rioja y zonas vecinas?
No solo se están quedando sin agua, la están contaminando. Los especialistas, como Javier Noriega de la SUNASS, advierten los efectos del sedimento y la turbidez del agua. La Municipalidad Distrital de Posic y la EPS Rioja han alertado que el agua ya necesita un proceso de potabilización más complejo, lo que incrementará el costo del servicio para la población.
Y, ¿la Fiscalía y la OEFA siguen sin pronunciarse?
Exacto. La FEMA, la OEFA y la propia ALA deberían actuar inmediatamente. Pero como no ocurre nada, creo que es momento de que la ciudadanía se movilice. Que haya plantones frente a las municipalidades, a la Autoridad Local del Agua y a la Fiscalía Ambiental.
Aunque, más allá de las protestas, debemos llevar las denuncias a nivel nacional, ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Coordinadora Nacional de Fiscalías Ambientales, para que llamen la atención a los órganos desconcentrados y se tomen medidas efectivas.
¿Qué mensaje dejaría a las instituciones?
Esto no solo es un problema ambiental. Es una amenaza directa a las poblaciones locales que dependen del agua. La inacción del Estado —a través de las municipalidades, la ALA, la FEMA y la OEFA— es lo que está destruyendo nuestras fuentes de vida.
Si las procuradurías, los órganos de control, las fiscalías y los gobiernos locales no actúan, entonces ¿qué esperamos? Necesitamos un Estado que funcione, que haga cumplir la ley y defienda el bien común.
Y ahora que se acercan las elecciones, ¿qué riesgo ve?
El riesgo es que este tema se politice, que los candidatos usen el problema ambiental como bandera electoral. Pero este no es un tema de campaña, es un tema de supervivencia. Por eso estamos formando un colectivo ciudadano en Nueva Cajamarca, para impulsar la acción social y exigir soluciones reales.
Muertes en la carretera Fernando Belaúnde Terry
Además del drama ambiental, Segundo Calle advierte otro problema urgente: los accidentes y muertes continuas en la carretera Fernando Belaúnde Terry (FBT), especialmente entre Moyobamba y Pardo Miguel Naranjos.
“Cada semana hay accidentes, muchos con consecuencias fatales. No se han habilitado vías alternas, y eso pone en riesgo la vida de todos los que transitamos por ahí”, denuncia.
Exige que los alcaldes provinciales y el Gobierno Regional de San Martín gestionen ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y PROVIAS Nacional la liberación y ampliación de las vías, compromiso que ya está previsto con la concesionaria IIRSA Norte.
“Necesitamos seguridad vial y acción inmediata. No podemos seguir viviendo entre el abandono ambiental y la muerte en nuestras carreteras”, concluye.