Rol del OCI bajo la lupa: el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de San Martín queda cuestionado por su falta de firmeza en la vigilancia de este caso. La llegada de un equipo de la Contraloría marca un punto de quiebre en la supervisión externa.
El conflicto por el sector Ricuricocha, en el distrito de Tarapoto, vuelve a escena tras la decisión de la Contraloría General de la República de acreditar un equipo especial encargado de recopilar información sobre la “Propuesta de Plan específico” vinculada al terreno en controversia.
Esta medida responde a deficiencias administrativas y legales que persisten desde la emisión de la ordenanza municipal que reconocía el área como zona de protección y recreación, disposición que nunca fue implementada ni cumplida en su totalidad.
En su condición de máximo ente fiscalizador del país, la Contraloría, respaldada por la Ley N.º 27785, tiene competencia para supervisar la legalidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. En este caso, el equipo designado —integrado por Elio Asmilkar García García (jefe) y Giorgio Leonardo Herrera Anampa (integrante)— deberá verificar la actuación de la Municipalidad Provincial de San Martín respecto a la protección del área y el cumplimiento de la normativa vigente.
En paralelo, el OCI de la municipalidad cumple un rol permanente de vigilancia interna. No obstante, vecinos y colectivos ciudadanos han cuestionado su limitada capacidad, señalando falta de independencia y escasa firmeza frente a presiones políticas y técnicas.
La intervención de la Contraloría refuerza el control externo en un caso donde se entrecruzan intereses económicos, vacíos en la aplicación de la ordenanza municipal y la creciente preocupación por la conservación de Ricuricocha, considerada un ecosistema estratégico para Tarapoto y la región San Martín.
Comisión de la Contraloría investiga cambio de zonificación en la laguna Ricuricocha
Esta mañana, una comisión de la Contraloría General de la República llegó a Tarapoto, encabezada por el gerente de Control de Servicios Públicos e integrada por un equipo de auditores. La misión será acreditada ante la Municipalidad Provincial de San Martín para revisar la legalidad del procedimiento de cambio de zonificación en las áreas que rodean la laguna Ricuricocha. Asimismo, se acreditarán ante el Gobierno Regional para verificar los planes de Ordenamiento Territorial vigentes.
Según se informó, la comisión permanecerá en la ciudad hasta el próximo viernes, aunque se prevé que, a más tardar el miércoles, se publique un informe de orientación de oficio. Este documento contendrá los hallazgos preliminares y las medidas correctivas que deberán implementar las autoridades competentes en caso se detecten irregularidades.
Durante la mañana, los funcionarios ingresaron de manera discreta a la Municipalidad Provincial, donde sostuvieron una breve reunión con la alcaldesa en el despacho de alcaldía. Posteriormente, fueron acompañados por la responsable de la Gerencia de Catastro Urbano, para luego dirigirse hacia la zona de Ricuricocha y verificar in situ el estado de los predios ubicados en los alrededores de la laguna.
La visita ha generado expectativa en el Comité Pro-Ricuricocha, que se opone a la ordenanza municipal que aprobó el planeamiento específico para urbanizar las zonas colindantes a este recurso natural. Dicho grupo considera que la medida representa un riesgo ambiental y afecta la preservación de uno de los espacios naturales más importantes de la provincia.
Con esta intervención de la Contraloría se abre la posibilidad de iniciar un nuevo proceso administrativo que revise la validez de la ordenanza cuestionada. Los colectivos ciudadanos esperan que los resultados de la investigación permitan sustentar la derogatoria de la norma municipal y garantizar la protección integral de la laguna Ricuricocha.
El Dato
“Acreditamos una comisión de auditores ante la Municipalidad Provincial de San Martín para recopilar información sobre la propuesta del plan específico de un terreno ubicado en el sector Ricuricocha y el impacto que generaría su cambio de zonificación con relación a su entorno ambiental”, informó la Contraloría.
Línea de tiempo: Los hechos clave
- 2014 – Ordenanza municipal: Se reconoce a Ricuricocha como zona de protección ambiental y recreación. Nunca se implementaron medidas efectivas de resguardo, señalización ni presupuesto para su conservación.
- 2015 – Primeras denuncias ciudadanas: Vecinos y colectivos ambientalistas advierten ocupación irregular de áreas colindantes y loteos incompatibles con la ordenanza.
- 2018 – Intervenciones parciales: La comuna anuncia un plan de recuperación de Ricuricocha, pero queda inconcluso por falta de estudios técnicos y disputas internas.
- 2020 – Omisiones administrativas: El colectivo Pro-Ricuricocha denuncia que la Municipalidad incumple su propia ordenanza, permitiendo actividades que ponen en riesgo el ecosistema.
- 2022 – Lineamientos de Contraloría: Se aprueba la Directiva N.º 019-2022-CG/GMPL, que establece procedimientos para recopilar información en casos de riesgo en el manejo de bienes públicos y áreas de interés.
- 2023 – Presión social creciente: La comunidad exige acciones al OCI de la Municipalidad, pero este muestra limitaciones en su capacidad de fiscalización.