La Nación Shawi ha lanzado una firme advertencia: no se oponen al desarrollo, pero exigen que se culmine la titulación completa de su territorio ancestral antes de que continúe la construcción de la carretera Moyobamba–Balsapuerto, una obra que atraviesa zonas de alta sensibilidad ambiental y cultural.
El presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Shawi, Reninmer Huiñapi Cárdenas, explicó que su pueblo enfrenta aún una brecha del 50% en el proceso de titulación, pese a que esta demanda representa “siglos de lucha por el reconocimiento de nuestro territorio”. En diálogo con Radio Interactiva, advirtió que la construcción sin garantías legales podría provocar invasiones masivas y pérdida de tierras comunales, afectando directamente a las comunidades shawis.
El dirigente también denunció que las autoridades regionales están limitando la consulta previa a solo una decena de comunidades ubicadas en el eje vial, dejando fuera a más de 180 comunidades del distrito de Balsapuerto, que también serían afectadas por la ejecución del proyecto.
Además, Huiñapi alertó sobre la presencia de 11 concesiones mineras solicitadas por una empresa canadiense cerca de la quebrada Cachillaco, en cabeceras de cuenca, lo que —dijo— pone en riesgo la vida, la salud y las fuentes de agua de cuatro cuencas amazónicas. La Nación Shawi exige la anulación inmediata de esas concesiones.
El pronunciamiento del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Shawi se suma al de otras organizaciones indígenas, como la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), que agrupa a las etnias kichwas, shawis y awajún. Los dirigentes advirtieron que la construcción de la carretera Yurimaguas–Balsapuerto–Moyobamba, impulsada por el Gobierno Regional de Loreto, amenaza la existencia física, la identidad cultural y la seguridad jurídica de los pueblos originarios, además de favorecer invasiones y actividades ilegales.
El abogado Juan Carlos Ruíz Molleda, especialista en derechos de los pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), recordó que, de acuerdo con el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la Ley N° 29785 de Consulta Previa, el proyecto “debe ser consultado con las comunidades nativas afectadas antes de su aprobación, tal como exigen los representantes de la CODEPISAM”.
Por su parte, la abogada Guisela Loayza, asesora legal de la Alianza Cuencas Sagradas, coincidió en que la apertura de carreteras en la Amazonía incrementa las invasiones cuando no se ha asegurado previamente la propiedad territorial de los pueblos indígenas.
“La Amazonía es un tesoro para la humanidad, pero también el territorio de pueblos y naciones indígenas, incluso de aquellos en aislamiento y contacto inicial”, explicó. Recordó que en esta vasta región existen áreas naturales protegidas, reservas indígenas y cabeceras de cuenca que son fuentes de vida. “Se ha instalado la idea de que las carreteras son la única forma de conectar la Amazonía, pero esa es una falsa solución si no se realiza antes una evaluación adecuada. La apertura de una vía sin planificación genera más perjuicios que beneficios”, advirtió.
Loayza añadió que, además de la consulta previa, libre e informada, deben realizarse estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental, según la legislación vigente. Sin embargo, alertó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “no ha aprobado aún sus normas internas para conducir los procesos de consulta previa”, pese a que ya viene ejecutando proyectos en territorios indígenas.
La posición de la Nación Shawi reabre el debate sobre el tipo de desarrollo que se impulsa en la Amazonía. Mientras las comunidades piden respeto a sus derechos y territorios, el avance de las obras continúa tensionando la relación entre los pueblos indígenas, el Estado y los intereses económicos que se expanden sobre el bosque.